La decisión del Gobierno de eliminar la triangulación de los aportes a las obras sociales generó una fuerte reacción dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), profundizando las divisiones en la central obrera. La medida implica que los aportes de los trabajadores afiliados a empresas de medicina prepaga ahora llegarán directamente a las prepagas, sin pasar por las obras sociales sindicales.

Posturas divididas en la CGT

Mientras que los sindicatos más grandes consideran que la medida afecta principalmente a los llamados «sellos de goma» (estructuras creadas solo para recibir derivaciones de aportes), algunos gremios más pequeños, que sí cuentan con sistemas médicos sindicales reales, evalúan recurrir a la justicia para impugnar la resolución.

Según estimaciones oficiales, la eliminación de la triangulación representa para los gremios una pérdida de al menos $30.000 millones mensuales, que hasta ahora quedaban en manos de las obras sociales sindicales como un ingreso extra.

El impacto en el sistema de salud sindical

Hasta la publicación de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud, los trabajadores que derivaban sus aportes a prepagas primero debían pasarlos por una obra social sindical, que retenía entre un 3% y un 6% mensual. Con la nueva normativa, ese dinero ahora irá directamente a las empresas de medicina privada.

El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó la medida como parte de un plan de desburocratización del sistema sindical de salud, buscando eliminar estructuras artificiales que solo generaban costos adicionales para los afiliados. Además, el Gobierno espera que este cambio ayude a reducir las tarifas de las prepagas a partir de marzo y limite futuros aumentos por encima de la inflación.

Reacción y respuesta de la CGT

En un primer momento, la CGT se puso en estado de alerta ante la resolución. Sin embargo, una vez que se aclararon los alcances de la medida, los sindicatos más grandes, que tienen mayor peso dentro de la central, se distanciaron del reclamo, dejando a los gremios más pequeños en soledad en su lucha contra la decisión del Gobierno.

Más allá de esta disputa, el tema de la salud sigue siendo un punto de tensión para la CGT. Desde agosto del año pasado, la central obrera viene advirtiendo sobre el alto costo de sostener el Plan Médico Obligatorio (PMO) para ciertos afiliados, como monotributistas y empleadas domésticas, cuyos aportes no alcanzan para cubrir el servicio. En este sentido, la CGT insiste en que el Ministerio de Salud reemplace el PMO por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE) y aumente los aportes de estos sectores.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en su objetivo de reconfigurar el sistema de salud sindical, pero a costa de generar mayor tensión con los gremios, particularmente con aquellos que dependían en gran medida de la triangulación de aportes.