El próximo miércoles se abrirán las ofertas para la licitación de la Hidrovía, la principal vía navegable del Paraná y el Río de la Plata, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino y parte de la carga de países vecinos como Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. El nuevo contrato, que privatizará nuevamente la concesión, representa un negocio de más de 12.000 millones de dólares por 30 años, con la posibilidad de una prórroga por igual período.

Críticas al proceso de licitación

Desde que se conocieron los pliegos en noviembre de 2024, surgieron múltiples cuestionamientos. Uno de los principales reclamos fue el corto plazo otorgado para presentar ofertas: 55 días hábiles, considerablemente menor a los 176 días que tuvo la licitación de 1993. Además, gran parte del período transcurrió durante la feria judicial de enero. El gobierno de Javier Milei accedió a extender el plazo solo 10 días hábiles, hasta el 12 de febrero.

Empresas internacionales como Dredging International NV (DEME) de Bélgica y Rhode Nielsen de Dinamarca denunciaron que los requisitos del pliego favorecen al actual operador, la compañía belga Jan De Nul, e incluso sugirieron que las condiciones podrían haber sido diseñadas por la misma empresa beneficiada. En el mismo sentido, la brasileña DTA Engenharia sostuvo que los requisitos técnicos son incompatibles con la competencia y acusó falta de transparencia en el proceso.

Otras compañías, como las dragadoras neerlandesas Boskalis y Van Oord, recurrieron a la diplomacia. El embajador de los Países Bajos en Argentina, Mauritz Verheijden, transmitió su preocupación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por un supuesto direccionamiento de la licitación.

Reclamos judiciales y denuncias ante organismos públicos

La empresa DEME presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA) argumentando que el pliego contiene «defectos y arbitrariedades que vulneran los principios de contratación pública». La Coalición Cívica de Elisa Carrió también llevó el caso a la PIA.

En el ámbito judicial, DEME solicitó una medida cautelar para suspender la licitación ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de Enrique Lavié Pico. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido en menos de un día. La compañía apeló la decisión, pero aún no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa Shanghai Dredging de China solicitó la nulidad del proceso licitatorio, argumentando que viola tratados bilaterales entre Argentina y China. En particular, cuestionó el inciso 8 del artículo 16 del pliego, que prohíbe la participación de empresas controladas por Estados soberanos. De no obtener una resolución favorable, Shanghai Dredging quedará fuera de competencia el 12 de febrero.

Preocupaciones del sector portuario y exportador

Las principales cámaras empresariales vinculadas a la Hidrovía también manifestaron sus objeciones. La Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias solicitaron al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor, que se modifique la fórmula polinómica del sobre 3, para aumentar el peso de la oferta económica y garantizar una mayor competencia.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) también cuestionaron la extensión del contrato a 30 años con opción de prórroga por otros 30 años, considerándolo desproporcionado ante el avance tecnológico. En la misma línea, la Fundación Pensar, vinculada al PRO, criticó la falta de transparencia del proceso.

El Consejo Portuario Argentino (CPA) emitió un duro comunicado denunciando que el pliego afecta a los usuarios, administraciones portuarias y al sistema económico federal, advirtiendo que podría generar impugnaciones y pérdidas fiscales. También se cuestionó que el pliego mantiene como vía principal el Canal Emilio Mitre, que presenta problemas de mantenimiento, en lugar de priorizar rutas más eficientes como el Paraná Guazú.

Reacciones del sector político y legislativo

Varios senadores nacionales, entre ellos Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, elevaron ocho cambios al pliego. Sus propuestas incluyen:

• Fraccionar la concesión en tramos, en lugar de otorgarla como un único contrato.
• Reducir la duración del contrato a 10 años.
• Priorizar la ruta del Canal Martín García, Paraná Bravo, Paraná Guazú y Brazo Talavera, más eficiente y sostenible que el Canal Emilio Mitre.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI) también pidió la convocatoria urgente de las Comisiones de Transporte e Intereses Marítimos para citar a los responsables de la licitación.

Impacto ambiental y advertencias de organizaciones

La concesión de la Hidrovía también genera preocupaciones ambientales. La organización Fundación Humedales alertó sobre los posibles impactos del dragado profundo, que podría agravar la crisis hídrica en la región.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció la falta de estudios ambientales previos. Investigadores como Luis Espínola advirtieron sobre riesgos como erosión de las márgenes del río, contaminación del agua, aumento de la mortalidad de peces y residuos generados por los buques.