El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elevación a juicio oral y público del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otras 17 personas, por presunta extorsión y defraudación al Estado en el manejo de los planes sociales Potenciar Trabajo. La acusación sostiene que la organización liderada por Belliboni exigía a beneficiarios de planes sociales una parte de sus ingresos bajo amenaza de darlos de baja del programa.

La investigación y las pruebas

En su dictamen de 279 páginas, presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, Pollicita argumentó que la investigación reveló “una estructura delictiva compleja” que operó durante años aprovechando la vulnerabilidad de miles de beneficiarios. Según el fiscal:

• El Polo Obrero administraba al menos 65.000 planes sociales.
• El desvío de fondos entre agosto de 2023 y febrero de 2024 superó los 313 millones de pesos.
• Se comprobó un sistema de recaudación obligatoria, mediante el cual los beneficiarios entregaban parte de su dinero por temor a perder la asistencia del Estado.

La causa se inició en diciembre de 2023 a raíz de denuncias recibidas en una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad. Durante la investigación, se reunieron testimonios de testigos protegidos, documentos clave y registros contables.

Entre las pruebas reunidas, se destacan:

• Cuadernos con registros de aportes exigidos.
• Mensajes y comunicaciones que refuerzan la hipótesis de extorsión.
• Facturas falsas utilizadas para desviar fondos destinados a formación laboral.

Pollicita también señaló que los líderes del Polo Obrero recibían una especie de «salario» financiado con estos aportes extorsivos y con dinero del Estado.

Conexiones políticas y complicidad estatal

El fiscal pidió que se investigue el rol de Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder de Barrios de Pie, quien habría facilitado este esquema fraudulento. Según Pollicita, sin la connivencia de exautoridades de la Secretaría de Economía Social, esta maniobra no habría sido posible.

Aunque el pedido de elevación a juicio oral se enfoca en Belliboni y su círculo cercano, la investigación sigue abierta para determinar si se cometieron otros delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita. Ahora, el juez Casanello deberá decidir si acepta la solicitud y envía el caso a juicio oral, lo que podría marcar un precedente en la administración de planes sociales en Argentina.

Estrategia de defensa de Belliboni

Belliboni rechazó las acusaciones y denunció una «persecución política» por parte del gobierno de Javier Milei contra los movimientos sociales. Afirmó que los aportes de los beneficiarios eran voluntarios y que la causa tiene irregularidades, incluyendo supuestas filtraciones de información por parte de la fiscalía.

La resolución de Casanello será clave para definir el futuro judicial del dirigente del Polo Obrero y de su entorno.