El Gobierno argentino solicitó a la Justicia de Estados Unidos que investigue las circunstancias en torno a la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La solicitud se realizó en el marco del juicio por el que la jueza Loretta Preska sentenció a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en compensación a los beneficiarios del caso.

La solicitud del Gobierno se presentó luego de que la jueza Preska pidiera a las partes involucradas que opinaran sobre el reclamo de la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), representada por el abogado Fernando Irazu, que exige la anulación del fallo. Se espera que la jueza tome una decisión sobre este planteo antes del viernes 28 de febrero.

Compromiso con la investigación, pero rechazo a la jurisdicción de EE.UU.

A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo reiteró su compromiso con esclarecer el proceso de compra de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi, al tiempo que aseguró estar dispuesto a cooperar con el gobierno estadounidense en cualquier investigación.

Sin embargo, el Gobierno insistió en que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver esta disputa, lo que forma parte de su estrategia legal para tratar de revertir o reducir el impacto del fallo.

El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, está liderando la defensa, ya que el procurador Santiago Castro Videla se excusó de intervenir en este caso. Desde el Gobierno señalaron que asumieron la defensa del país en un proceso judicial ya avanzado y remarcaron que buscarán todas las alternativas posibles para mitigar los efectos de la condena.

Además, el Ejecutivo reafirmó su postura contra la corrupción, asegurando que investigará a fondo cualquier denuncia creíble y que cooperará plenamente con cualquier investigación que realice Estados Unidos sobre el caso planteado por RA4ARG.

Presión por embargos: el Gobierno debe informar sobre el oro del BCRA

En paralelo, el Gobierno se comprometió a entregar este viernes 28 de febrero información sobre la ubicación del oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta exigencia forma parte de los intentos del fondo Burford Capital, beneficiario del fallo, para cobrar la sentencia a través de embargos sobre activos argentinos en el país y el exterior.

Burford ha solicitado detalles sobre bienes y cuentas bancarias de instituciones como el BCRA, el Banco Nación y la propia YPF, y ha presionado para embargar estos activos. En respuesta, la jueza Preska ordenó que Argentina brinde la información requerida, advirtiendo que el país ha gastado demasiado tiempo y dinero en evitar la entrega de estos documentos.