El Senado analiza el futuro de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, realizadas por decreto por el presidente Javier Milei. A pesar de que García-Mansilla ya juró como ministro del máximo tribunal, su permanencia, así como la de Lijo, depende del aval del Senado, que podría rechazar los pliegos en una sesión especial.

El debate sobre la legalidad del decreto

Algunos juristas sostienen que si el Senado no aprueba los pliegos, los jueces deberían dejar sus cargos, ya que el procedimiento institucional exige su validación. Sin embargo, defensores de la decisión de Milei argumentan que, bajo el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, los jueces podrían permanecer en sus puestos mientras dure el período ordinario de sesiones, ya que fueron designados «en comisión».

Desde sectores opositores en el Senado, se cuestiona esta interpretación, señalando que la facultad presidencial de nombrar jueces en comisión requiere posterior convalidación parlamentaria. En caso de que el Senado rechace los pliegos, García-Mansilla dejaría la Corte y Lijo no podría asumir.

El procedimiento legislativo y la posible sesión especial

Para que los pliegos sean tratados en el recinto, deben contar con un dictamen de la comisión del Senado. Lijo ya obtuvo dicho dictamen, mientras que el de García-Mansilla requiere al menos nueve firmas. Una vez en el recinto, la aprobación de los pliegos necesita el respaldo de dos tercios de los senadores presentes.

Algunos senadores consideran que el Congreso no tiene facultades para rechazar el decreto de Milei, ya que sería un «acto autónomo» del Ejecutivo. No obstante, desde la oposición buscan bloquear las designaciones bajo el argumento de que fueron impuestas sin acuerdo político, lo que sentaría un precedente riesgoso.

Críticas y posiciones políticas

Desde el PRO y la UCR, legisladores expresaron su preocupación por la medida, acusando al Gobierno de autoritarismo y de vulnerar la independencia del Poder Judicial. Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) criticaron la decisión de Milei, sosteniendo que solo el Senado debe aprobar el nombramiento de jueces de la Corte.

Por otro lado, desde Unión por la Patria, el bloque opositor liderado por José Mayans, consideran que el Gobierno no buscó consenso legislativo antes de emitir el decreto y podrían promover el tratamiento de los pliegos al inicio del período ordinario.

En noviembre, el peronismo ya había anticipado que no aceptaría la designación de jueces por decreto, lo que sugiere un panorama adverso para Milei en el Senado. De concretarse la sesión especial y rechazarse los pliegos, el decreto presidencial quedaría sin efecto, complicando la incorporación de Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema.