El Gobierno de Javier Milei dispuso el fin de los aportes obligatorios que las empresas realizaban a las cámaras patronales, una práctica que estaba vigente por la interpretación de la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo, sancionada en 1953 y modificada en 2004. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 149/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Justificación de la medida

El Gobierno argumentó que los aportes empresariales obligatorios se habían convertido en un mecanismo de financiamiento indirecto para estructuras ajenas a la negociación salarial.

Sturzenegger sostuvo que la Ley 14.250 era un pilar del modelo sindical argentino, al obligar a los trabajadores no sindicalizados a realizar aportes a sindicatos a los que no estaban afiliados. Además, señaló que tanto algunos empresarios como gremialistas habían incorporado contribuciones adicionales para financiar asociaciones empresariales, institutos de capacitación y otros fines no vinculados a los salarios. Definió esta práctica como la creación de “impuestos privados”.

Detalles de la resolución

La norma establece que:

• Las convenciones colectivas de trabajo ya no podrán imponer aportes, contribuciones ni cargas económicas en favor de cámaras empresariales, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de quienes no sean afiliados o asociados voluntariamente.
• La Secretaría de Trabajo no homologará ni registrará convenios colectivos que incluyan este tipo de cláusulas, asegurando que solo regulen condiciones laborales y no impongan cargas económicas ajenas a la relación laboral.

Impacto económico

En el caso del sector comercial, las contribuciones alcanzaban los $6000 millones por mes, lo que supone un ahorro significativo para las empresas al eliminar estos pagos obligatorios.