El Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad del pago de aportes a cámaras empresarias en concepto de capacitación, una medida que generó tensión con las principales entidades del sector. La disposición, enmarcada en el plan de desregulación económica del Ejecutivo, establece que estos aportes solo podrán realizarse de manera voluntaria, lo que impactará en los ingresos de las instituciones que se beneficiaban del esquema.

El sistema de aportes y su impacto económico

Cuatro cámaras empresariales venían cobrando un porcentaje sobre el salario de los trabajadores de sus respectivos sectores, independientemente de si las empresas estaban afiliadas o no:

• CAME y CAC: cobraban un 0,5% del salario por empleado, lo que representaba un ingreso mensual de entre $5000 y $6000 millones.
• Adimra (industria metalúrgica): recaudaba un 1% sobre una masa salarial de 250.000 trabajadores, aproximadamente $2500 millones por mes.
• Cadam (distribuidores y autoservicios mayoristas): estimaba un ahorro de $47 millones mensuales con la eliminación del aporte.

El Decreto 149/2025, publicado el miércoles, establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer aportes obligatorios a empresas no afiliadas, a menos que estas los acepten voluntariamente.

Reacciones del sector empresarial

La eliminación del aporte compulsivo generó posiciones encontradas:

• Cámaras que celebraron la medida:
  • Camima (Pymes metalúrgicas): destacó que la decisión pone fin a una imposición injusta que afectaba a pequeñas y medianas empresas durante 30 años.
  • Confederación Federal Pyme Argentina: pidió la intervención de CAME, denunciando un manejo irregular de los millonarios fondos y exigiendo la renuncia de su presidente, Alfredo González.
• Entidades que se oponen:
  • CAME y CAC defendieron el cobro de aportes, argumentando que permiten financiar capacitaciones y fortalecer la representación empresarial.
  • CAC aclaró que los fondos son administrados exclusivamente por el sector patronal y negó que sean destinados a entidades sindicales. También destacó que desde 2008 se capacitó a más de 8 millones de personas gracias a estos recursos.

Denuncias e investigaciones en curso

Algunas cámaras denunciaron la falta de transparencia en la administración de los fondos, apuntando a:

• El uso indebido de los recursos, como la supuesta financiación de un showroom en Brasil por parte de CAME.
• La existencia de «sellos de goma», cámaras que podrían no representar realmente a empresarios y que recibirían desvíos de fondos.
• Vínculos entre CAME y empresas como Pymetic SA y Teipesa SA, cuyos fondos estarían bajo sospecha.

El debate sigue abierto, con sectores que ven la medida como un avance hacia la libre asociación empresarial, mientras que otros advierten sobre la posible pérdida de financiamiento para actividades esenciales.