El 10 de marzo de 2025, el Gobierno promulgó la Ley Antimafias, sancionada por el Congreso, con el objetivo de combatir el crimen organizado. La nueva legislación endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y busca desmantelar grandes bandas involucradas en narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas.

La ley define a las organizaciones criminales como grupos de tres o más personas que operan de manera continua en áreas específicas con el propósito de cometer delitos graves. Establece criterios claros para investigar delitos relacionados con organizaciones criminales, como la repetición de crímenes en determinadas zonas o la intimidación de autoridades.

Uno de los puntos destacados es la posibilidad de declarar ciertas áreas como «zonas de investigación especial», lo que facilita las intervenciones de las fuerzas de seguridad y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales. También permite la intercepción de comunicaciones y la cooperación entre la justicia y las fuerzas federales y provinciales.

Además, se modifica el Código Penal para incrementar las penas de prisión (de ocho a veinte años) para aquellos que participen o ayuden a formar organizaciones criminales, especialmente en delitos como narcotráfico y trata de personas. La ley también contempla el decomiso anticipado de bienes relacionados con actividades ilícitas, permitiendo su transferencia al Estado antes de una condena. Si la persona es absuelta, los bienes serán devueltos, asegurando la protección del derecho de propiedad.