Diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la inminente publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La presentación, realizada este lunes, lo acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y busca impedir que el Gobierno concrete la operación sin la aprobación del Congreso.

La denuncia, respaldada por siete legisladores de UxP y patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2. Argumenta que el Ejecutivo viola la Constitución y la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, ya que el endeudamiento en moneda extranjera debe ser tratado por el Poder Legislativo. Además, sostienen que cualquier funcionario que firme el decreto podría incurrir en los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La denuncia llega tras las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner, quien acusó a Milei de «hacer un pésimo negocio para los intereses del país» y de mentir sobre los términos del acuerdo con el FMI. En su cuenta de X (ex Twitter), advirtió que el Gobierno está «desesperado por dólares», lo que podría llevar a condiciones perjudiciales para Argentina.

El escrito destaca que el nuevo endeudamiento compromete el patrimonio del país y afectará a la población, ya que la deuda se cubrirá con impuestos internos. Por ello, los legisladores solicitaron a la Justicia que oficie al Congreso para verificar si recibió algún proyecto sobre el acuerdo y que se informe a ambas Cámaras sobre la causa para evaluar su participación como querellantes. También piden una medida cautelar para suspender cualquier avance del Ejecutivo en la formalización del préstamo.

El objetivo de la denuncia es frenar el uso de un DNU para tomar deuda, argumentando que este mecanismo es inconstitucional en un tema de semejante magnitud. La causa ahora queda en manos de la Justicia, en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición.