Tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, 94 personas fueron liberadas en la madrugada del jueves por decisión de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Estas personas formaban parte de las más de 120 que habían sido detenidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas.

La jueza basó su decisión en un análisis de la Defensoría Pública, que consideró que la detención de los manifestantes afectaba derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la manifestación en democracia. Andrade enfatizó la importancia de garantizar estos derechos, especialmente en contextos donde sectores vulnerables, como los adultos mayores, están involucrados.

En su resolución, la magistrada aclaró que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión ni sobre la investigación que pueda continuar la fiscalía. Sin embargo, argumentó que la complejidad de los derechos en juego impide la aplicación del trámite de flagrancia, por lo que ordenó la liberación inmediata de los detenidos para agilizar el proceso judicial.