El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspendió por seis meses el decreto del Gobierno que buscaba transformar el Banco Nación en sociedad anónima. En su fallo, el magistrado sostuvo que el Ejecutivo no logró demostrar que la entidad bancaria fuera deficitaria ni justificó un perjuicio concreto para los contribuyentes o el funcionamiento del Estado.

Ramos Padilla advirtió que esta transformación representaba un riesgo para un activo clave del Estado, que históricamente ha cumplido un rol esencial en la financiación del desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, además de administrar fondos de jubilaciones y pensiones. También cuestionó los argumentos presentados por el Gobierno, considerándolos imprecisos e insuficientes para acreditar una supuesta «situación de emergencia» en el Banco Nación.

El magistrado alertó que la conversión en sociedad anónima podría permitir, de forma indirecta, que el banco pase a manos privadas sin la intervención del Congreso. Además, recordó que el Poder Legislativo ha rechazado en reiteradas oportunidades la privatización de la entidad y defendió su carácter de ente público autárquico.

Tras el fallo, la Asociación Bancaria celebró la decisión, destacando que se hizo justicia y expresando su satisfacción por la continuidad de la medida cautelar.