La jueza Karina Andrade defendió su decisión de liberar a los 114 detenidos en los incidentes ocurridos frente al Congreso durante una manifestación por los jubilados, enfatizando que priorizó el derecho a la protesta y que su fallo no fue «trasnochado». Explicó que, en su rol, solo debía verificar si los detenidos tenían pedidos de captura vigentes y que la Policía y la Fiscalía no presentaron pruebas suficientes para justificar las detenciones.

El gobierno nacional criticó duramente su resolución. Jorge Macri afirmó que más de la mitad de los detenidos tenía antecedentes penales, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó la liberación rápida de los manifestantes y consideró que la justicia debería ser más estricta con la violencia organizada.

Andrade argumentó que la falta de información precisa por parte de la Policía y la Fiscalía dificultó su labor y reiteró que su función era garantizar los derechos constitucionales. Aclaró que solo aquellos manifestantes que portaban armas no fueron liberados, ya que se encuentran bajo otra investigación.

En su fallo, la jueza destacó que la protesta es un derecho fundamental en democracia y que en este caso involucraba a sectores vulnerables como los jubilados. También respondió a acusaciones que la vinculan con el kirchnerismo, asegurando que su trayectoria es técnica y no política.

Ante la polémica, el gobierno anunció que presentará una denuncia contra Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por posible incumplimiento de funciones. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la medida.