El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos en el Congreso durante la marcha de jubilados del miércoles pasado. La presentación fue realizada por Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad, y se basa en los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La denuncia recayó en el juzgado federal de María Servini y la fiscalía de Eduardo Taiano.

Detalles de la denuncia

El Ministerio de Seguridad señaló que en la marcha participaron barras bravas de diversos clubes de fútbol, entre ellos Boca, River, Independiente y Racing, quienes protagonizaron graves hechos de violencia. Según la denuncia, estos grupos agredieron a las fuerzas de seguridad con armas blancas, fuego y piedras, incendiaron una moto policial y un patrullero, además de dañar bienes públicos y provocar heridas a más de una docena de agentes. El Gobierno sostiene que la violencia fue premeditada y organizada con el objetivo de generar disturbios y provocar represión.

La denuncia afirma que estos actos constituyen delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, y que la justicia federal debería intervenir debido a la gravedad de los hechos. También se acusa a los organizadores de la movilización de buscar impedir el ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional.

Acusaciones contra la jueza Karina Andrade

El Gobierno argumenta que Andrade actuó de manera irregular al liberar a los detenidos, omitiendo las normas procesales vigentes. Entre los puntos más graves de la denuncia se destacan:

• La jueza creó un procedimiento propio, interviniendo en el caso sin jurisdicción habilitada y sin que hubiera controversia entre las partes.
• Ordenó la liberación de los detenidos sin analizar pruebas ni verificar sus antecedentes penales.
• Utilizó WhatsApp para dictar resoluciones, creando un grupo de mensajería con la fiscalía y la defensa, lo cual no está previsto en la ley.
• Permitió la intervención de defensores que no habían sido designados por los imputados, invalidando el proceso.
• No dejó registro oficial de su decisión ni permitió la participación de las víctimas en el proceso.
• Liberó a 114 detenidos sin revisar las actuaciones y sin control judicial adecuado, entre ellos personas con antecedentes por delitos graves como robo agravado, tráfico de drogas y tenencia de armas.

El Gobierno sostiene que la jueza incurrió en prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento, y que su decisión fue un «mero acto de voluntad basado en ideología». Además, señala que su argumentación cambió al enterarse de que sería denunciada, justificando luego su fallo con la supuesta falta de espacio para alojar a los detenidos.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad enfatizó que actos como incendiar patrulleros, tirar piedras y destruir bienes públicos no pueden considerarse formas legítimas de protesta, sino delitos que deben ser sancionados.