La jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizar la continuidad de los tratamientos de hormonización en menores de 18 años, en respuesta a un amparo presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). La medida incluye tanto los tratamientos ya iniciados como el acceso a nuevos procedimientos.

La federación cuestionó la constitucionalidad del decreto 62/2025, que modifica la Ley de Identidad de Género, argumentando que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Liberatori sostuvo que la implementación del DNU representa una “gravísima lesión al derecho de identidad de género y a la no discriminación”, además de constituir una norma “sospechosa” de discriminación.

En su fallo, la jueza afirmó que el decreto viola principios fundamentales de derechos humanos, incluyendo el derecho a la identidad, autonomía, salud y desarrollo personal. Además, señaló la “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” de los hospitales porteños que suspendieron los tratamientos.

Liberatori también subrayó que esta situación transgrede el principio de capacidad progresiva de los menores, reconocido en el artículo 26 del Código Civil y en la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud. Finalmente, la magistrada pidió disculpas a los adolescentes trans afectados, reconociendo el sufrimiento causado por la interrupción de sus tratamientos y ordenó comunicar oficialmente estas disculpas.