A cinco años del inicio del aislamiento por COVID-19, los detalles de los contratos que el Ministerio de Salud de Argentina firmó con los laboratorios aún no son públicos debido a cláusulas de confidencialidad que se extienden hasta 2030. Documentos oficiales muestran que los convenios con las farmacéuticas incluyen restricciones sobre información comercial, cronogramas de entrega, propiedad intelectual y aspectos financieros.

El gobierno de Alberto Fernández firmó acuerdos con distintos laboratorios, incluyendo Sputnik-V, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, CanSino, CovidShield y COVAX. Cada contrato establece distintos plazos de confidencialidad: algunos mantienen las restricciones por cinco años, mientras que otros, como el de Sinopharm y BioCubaFarma, extienden la reserva hasta 10 años después de la firma.

Un pedido de acceso a la información pública presentado por TN en 2024 fue denegado, con el argumento de que revelar los contratos podría afectar futuras negociaciones y comprometer el suministro de vacunas. Según la respuesta del Ministerio de Salud, la confidencialidad es necesaria para proteger los intereses del Estado y se encuentra respaldada por la Ley de Vacunas sancionada en 2020.

Entre los acuerdos conocidos:

• Pfizer: confidencialidad de 5 años desde julio de 2020.
• AstraZeneca: confidencialidad de 5 años tras la finalización del contrato.
• Sputnik V y CovidShield: reserva de 5 años o hasta que se rescinda el contrato.
• Sinopharm y BioCubaFarma: cláusulas secretas por 10 años.
• CanSino: confidencialidad vigente durante el contrato y 10 años después.
• Moderna: detalles no divulgados.

El Ministerio de Salud sostiene que divulgar esta información representaría un incumplimiento del Estado y pondría en riesgo la provisión de vacunas. A pesar de esto, el tema sigue generando cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la pandemia y el acceso a datos clave sobre las negociaciones realizadas en su momento.