El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente por más de 50 años y extendido hasta 2053, implica un costo fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales. Este esquema otorga exenciones en Ganancias, IVA y otros tributos a empresas que producen principalmente productos electrónicos, lo que genera un sobreprecio de hasta 60% en comparación con otros países.

El subrégimen industrial representa un costo de USD 1.070 millones al año, equivalente al 0,22% del PBI. Un informe de Fundar destaca que la provincia pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, pero advierte que la producción depende fuertemente de insumos importados y tiene baja integración local. Además, el beneficio en IVA asciende a USD 630 millones anuales, y la exención de aranceles a importación implica otros USD 436 millones. El diferencial de Impuestos Internos suma USD 20 millones.

El régimen ha sido criticado por economistas como Lucas Llach, Agustín Etchebarne y políticos como Margarita Stolbizer, quienes consideran que es ineficiente y perjudica a los consumidores con precios artificialmente altos. El presidente Javier Milei, aunque en el pasado lo calificó como una “estafa”, ha reconocido que implica derechos adquiridos difíciles de modificar.

En 2022 se creó un fondo fiduciario, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, financiado por tributos retenidos a las empresas. Con un presupuesto de $185.000 millones en 2024, logró sobrevivir a los recortes de fideicomisos impulsados por el gobierno actual.

Las principales empresas beneficiadas incluyen Newsan, Mirgor, BGH y Radio Victoria. El régimen garantiza más del 90% del mercado interno de celulares, además de otros productos como televisores y aires acondicionados. Sin embargo, la falta de exigencias de contenido nacional y la dependencia de incentivos fiscales han impedido una industria más competitiva y con mayor generación de divisas.