El presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de todos los documentos relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983), transfiriéndolos al Archivo General de la Nación. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se enmarca en la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, responde a un decreto presidencial de 2010 que no había sido implementado en su totalidad.

Según Adorni, esta decisión busca garantizar que los archivos sirvan para la memoria histórica y no para la manipulación política. Históricamente, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había mantenido estos documentos bajo reserva, permitiendo que los gobiernos de turno regularan su acceso.

La apertura de estos documentos podría arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, incluyendo informes de inteligencia, actividades represivas y persecución de opositores. También se anunció que el Gobierno reconoció como crimen de lesa humanidad el atentado perpetrado en 1974 contra el capitán Humberto Viola y su familia por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo que permitirá la reapertura de la investigación judicial.

La decisión generó reacciones diversas. Mientras que algunos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos la celebraron como un paso clave hacia la transparencia y la justicia, otros la consideran parte de una estrategia política en un contexto de alta polarización. En el plano internacional, la medida alinea a Argentina con otros países que han desclasificado documentos históricos de regímenes represivos.

Desde el Gobierno, se comprometieron a seguir abriendo otros archivos en un proceso gradual. En los próximos meses, se espera la publicación de más información sobre el contenido de los documentos, lo que podría revelar nuevos detalles sobre la represión estatal durante la dictadura.