El Gobierno nacional emitió una resolución en el Boletín Oficial que otorga un plus salarial a los funcionarios que reduzcan la dotación de personal en sus áreas. La normativa establece la asignación de unidades retributivas adicionales en función del “ahorro presupuestario” generado por la eliminación de puestos de trabajo en el Estado.

Esta medida generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que la calificó de “escandalosa” y convocó a un paro con movilización para el jueves 28 de marzo. Según el gremio, esta política incentiva los despidos y permite que los funcionarios de segunda y tercera línea se beneficien económicamente con el ajuste. Además, advirtieron que el próximo 31 de marzo vencen 50.000 contratos estatales, lo que aumentaría los montos asignados a quienes ejecuten los recortes.

Desde el oficialismo, defendieron la iniciativa argumentando que la reducción del tamaño del Estado es uno de los principales objetivos del Gobierno. Explicaron que las unidades retributivas adicionales se distribuyen en función del cumplimiento de objetivos de cada ministerio, entre los cuales se encuentra el ajuste.

ATE anunció que la movilización partirá desde la Secretaría de Trabajo y se dirigirá al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. En su comunicado, el gremio denunció que el Gobierno “vino al Estado sólo a llenar sus bolsillos” y exigió la renovación automática de los contratos que vencen a fin de mes, así como la reapertura de paritarias debido a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Mientras tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no emitió una postura oficial sobre la resolución. Sin embargo, su secretario general, Andrés Rodríguez, ordenó a sus delegados adherir al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril, que se prevé como una protesta masiva contra las políticas de ajuste del Gobierno.