El Gobierno implementará en los próximos días un decreto que desregulará el transporte marítimo en Argentina, permitiendo que buques y tripulaciones extranjeras operen en el cabotaje nacional. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, busca reducir trabas y fomentar la actividad en el sector.

El decreto elimina la exclusividad de la Marina Mercante argentina y establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje podrán ser practicados tanto por barcos bajo registro argentino como por buques extranjeros. Esto incluye la posibilidad de que embarcaciones de bandera extranjera operen en el país por hasta 180 días renovables.

Uno de los puntos más polémicos de la normativa es la eliminación de la obligatoriedad de contratar tripulantes argentinos. Las empresas podrán emplear tripulantes de cualquier nacionalidad, con la única condición de que estén habilitados como personal marítimo o fluvial. Además, se permitirá que los propietarios de buques inscriptos en el Registro Nacional de Armadores soliciten el cese de bandera provisorio ante la Prefectura Naval Argentina para inscribir sus barcos en registros extranjeros sin que esto se considere una exportación. Sin embargo, los buques dedicados a la pesca quedarán excluidos de este régimen.

La medida tendrá una duración de hasta diez años y permitirá el reingreso automático sin costos adicionales. También se otorgará prioridad a la legislación del país de abanderamiento en los contratos de los tripulantes y se reconocerá a los buques extranjeros arrendados sin tripulación con antigüedad menor a 20 años como embarcaciones de bandera nacional.

El decreto declara como servicio esencial la navegación por agua marítima para el transporte comercial, de pasajeros, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera. Esto implica que, en caso de huelga o conflicto laboral, deberá garantizarse un porcentaje mínimo de operatividad.

En cuanto a la contratación de personal, la normativa permite que los sindicatos sugieran listas de trabajadores disponibles, pero otorga a los empleadores total libertad para contratar a quien consideren conveniente. Se derogan todas las normativas previas que limiten la contratación libre de personal por parte de las empresas.

La iniciativa generará un fuerte impacto en el sector marítimo, especialmente en los gremios, ya que elimina la protección a los trabajadores argentinos y abre el mercado a la competencia internacional.