La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Tetaz (UCR), discutirá este martes diversos proyectos que buscan reformar el sistema de financiamiento sindical y establecer límites en la reelección de los líderes gremiales. Estas iniciativas forman parte de una agenda de «democratización sindical» impulsada por el radicalismo.

Propuestas clave en discusión

El diputado Martín Tetaz promovió el año pasado un dictamen que incluía la eliminación de la cuota solidaria obligatoria, la limitación de mandatos sindicales y la implementación de un cupo femenino en las organizaciones gremiales. Sin embargo, el proyecto no prosperó por falta de quórum. Tetaz argumentó que los sindicalistas son trabajadores que deben representar a sus colegas por un período determinado y luego regresar a sus funciones laborales.

Por su parte, la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) propone restringir las contribuciones patronales exclusivamente a los trabajadores afiliados, evitando que los empleadores deban pagar por empleados no sindicalizados, lo que considera un aumento injustificado en los costos laborales.

Eliminación de aportes solidarios y financiamiento sindical

Uno de los proyectos más destacados es el del radical Luis Picat, quien plantea la prohibición de las contribuciones empresariales y de los trabajadores a los sindicatos cuando estos no sean afiliados. Según Picat, estas prácticas desvirtúan el sistema sindical y afectan la libertad de los trabajadores, al obligarlos a financiar sindicatos a los que no pertenecen. Su iniciativa cuenta con el apoyo de varios legisladores de la UCR, PRO y Democracia para Siempre.

En la misma línea, Marcela Campagnoli y otros diputados del PRO, como Gerardo Milman y Alejandro Finochiaro, presentaron una propuesta para prohibir la financiación sindical por parte de empleadores y organismos políticos. Según Campagnoli, los sindicatos han encontrado mecanismos para seguir cobrando aportes incluso a trabajadores no afiliados, disfrazándolos como cuotas «solidarias».

Desde el PRO, Milman calificó estos aportes como una violación del derecho a la libertad sindical, ya que obligan a los trabajadores a financiar entidades a las que no desean pertenecer.

Reformas estructurales en el sindicalismo

El diputado radical Fabio Quetglas propone una reforma más amplia que, además de eliminar los aportes solidarios, establecería un límite de cuatro años para los mandatos gremiales, la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes para los líderes sindicales y la publicación periódica de los informes financieros de los sindicatos. Su proyecto cuenta con respaldo de legisladores de la UCR.

Por otro lado, la diputada libertaria Marcela Pagano centró su iniciativa en la recaudación y destino de los fondos sindicales. Según sus datos, desde 2008 cada empleado de comercio paga mensualmente una contribución obligatoria, sin importar si accede a beneficios gremiales. Esto generaría una recaudación anual superior a los $57.000 millones, sin una rendición de cuentas clara sobre su uso.

Debate y tensiones en el Congreso

El debate sobre estas reformas promete ser intenso, ya que afectan directamente la estructura de financiamiento de los sindicatos y la permanencia de sus dirigentes. El oficialismo y los bloques opositores ya han protagonizado cruces sobre este tema, y se espera que las sesiones de la Comisión de Legislación del Trabajo sean clave para definir el futuro de estas iniciativas.