La Justicia federal está próxima a enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por su presunta participación en un esquema de corrupción y extorsión que operó entre 2020 y 2024 en el marco del programa Potenciar Trabajo. La acusación formal incluye administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.

Desvío de fondos públicos

Según la investigación del juez Sebastián Casanello, con impulso del fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni lideraba una red que utilizaba el programa social para desviar fondos públicos hacia actividades partidarias del Partido Obrero. A través de la cooperativa “El Resplandor Limitado”, el Polo Obrero administraba más de 65.000 planes sociales a nivel nacional.

Mediante el uso de facturación falsa con empresas apócrifas (como Coxtex, Ricoprint, Urban Graphics, y Miniso Trade), se desviaron al menos $40 millones de los $360 millones recibidos por la organización. Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, se detectó una recaudación ilegal de más de $313 millones, parte de los cuales financió campañas de publicidad digital del Partido Obrero.

Extorsión a beneficiarios vulnerables

El eje más grave de la causa es la coacción sistemática a beneficiarios del Potenciar Trabajo, a quienes se les exigía asistir a marchas y actos políticos bajo amenaza de perder el plan o recibir sanciones. En allanamientos se incautaron cuadernos, planillas de Excel y mensajes de WhatsApp que detallaban un sistema de control interno. Entre los registros, sobresale uno titulado “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1”, donde se anotaban ausencias, llegadas tarde (“media marcha”) y sanciones impuestas.

Referentes locales recibían órdenes explícitas para presionar a los beneficiarios y mantener una asistencia regular a las actividades del movimiento. Quienes no cumplían eran señalados como “poco comprometidos” y corrían el riesgo de ser excluidos del sistema.

Financiamiento político encubierto

También se detectó que empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos, vinculada directamente al Partido Obrero, eran utilizadas para blanquear los fondos desviados. Se emitían facturas por compras inexistentes, y el dinero terminaba financiando cartelería, impresos y campañas digitales del movimiento político.

Acusados

Además de Belliboni, otros 17 dirigentes están imputados, entre ellos Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma y María Isolda Dotti. La Justicia sostiene que se montó una estructura delictiva organizada, con un sistema contable paralelo y un aparato disciplinario interno basado en amenazas y castigos.

El juez Casanello calificó el caso como un ejemplo de cómo “lo público se confundió con lo privado”, y se espera que la elevación a juicio oral marque un precedente en el control de las organizaciones sociales que administran fondos estatales.