El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y desviar fondos estatales para financiar campañas políticas. La Justicia también investiga a otros 17 dirigentes involucrados en una red de fraude y amenazas que operó entre 2020 y 2024.

El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, y a otros integrantes de esa organización, por delitos vinculados a la administración fraudulenta de fondos públicos, amenazas coactivas y extorsión a personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo. La decisión fue tomada tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita y de los organismos querellantes.

Durante la investigación se probó que el Polo Obrero, junto con la cooperativa de trabajo “El Resplandor Limitado”, desvió parte de los fondos públicos que recibía como unidad de gestión del programa social hacia una red de empresas truchas. Estas firmas emitían facturas falsas para justificar gastos inexistentes y financiar actividades del Partido Obrero, como su campaña electoral.

Entre las empresas señaladas figuran Coxtex —calificada por la AFIP como apócrifa—, Ediciones e Impresiones Rumbos (la imprenta del Polo Obrero), Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini. Se estima que al menos $40 millones de los $360 millones recibidos fueron redirigidos hacia estas firmas, algunas fundadas por personas que cobraron dinero para figurar como responsables legales. Parte del dinero terminó en una empresa de publicidad contratada para difundir propaganda del Partido Obrero.

Además de Belliboni, fueron imputados los dirigentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Vásquez, entre otros.

El sistema de extorsión y control

Según la Fiscalía, entre junio de 2020 y marzo de 2024, el Polo Obrero implementó una “matriz delictiva” para coaccionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica. La organización tenía el control de 65.000 planes sociales, de los cuales extraía parte del dinero a través de aportes obligatorios o descuentos aplicados como sanción.

La recaudación total del período agosto 2023 – febrero 2024 superó los $313 millones, equivalentes a más de 600.000 dólares al valor oficial. Esta cifra representa solo el 50% de lo recaudado, ya que la otra mitad era distribuida entre las regionales y las asambleas del movimiento.

Uno de los elementos clave del expediente es una libreta titulada “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1”, donde se registraban las asistencias de los beneficiarios a marchas organizadas por el Polo Obrero. El sistema incluía controles de asistencia, registros de faltas y penalizaciones. En una marcha del 1° de mayo de 2023, se marcaba a quienes asistían y a quienes no, incluso aplicando la categoría “media marcha” a quienes llegaban tarde.

La Justicia encontró además documentos en los que se detallaban sanciones para quienes no participaban de las movilizaciones, como descuentos en los montos cobrados o incluso la expulsión del programa. En los domicilios allanados se hallaron hojas de cálculo con observaciones sobre cada beneficiario, destacando a aquellos “poco comprometidos” o que “debían ser convencidos” para asistir.

Los fiscales también incorporaron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que se daban instrucciones a referentes del Polo Obrero para garantizar la asistencia a las protestas. En esos intercambios quedaba en claro que la participación era obligatoria y que el incumplimiento traía consecuencias económicas directas.

La causa describe una estructura de control institucionalizada que utilizaba los recursos públicos para fines partidarios y que operaba bajo presión sistemática sobre miles de beneficiarios vulnerables. El juicio oral deberá determinar la responsabilidad penal de los involucrados.