El Gobierno calificó el paro general convocado por la CGT como un “fracaso”, asegurando que fue rechazado por el 95% de la población, a pesar de haber reconocido pérdidas económicas cercanas a los 900 millones de dólares. Desde Casa Rosada minimizaron el impacto de la medida de fuerza y destacaron que la mayoría del comercio operó con normalidad, según datos de la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (Fecoba), que señaló que el 95% de los locales permanecieron abiertos.

Durante la jornada, el Ejecutivo se mostró activo. El presidente Javier Milei trabajó en la Casa Rosada junto a su Gabinete y el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció supuestas presiones sindicales para obligar a adherir al paro. Adorni tildó la protesta como “el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano” y afirmó que “el avance de la libertad implica el fin de sus negocios”, comparando la reacción sindical con la de “animales salvajes acorralados”.

Además, el oficialismo aprovechó la jornada para avanzar en el Congreso con reformas laborales. Entre los cambios impulsados se incluyen la eliminación de la “cuota solidaria” —un aporte sindical obligatorio— y la flexibilización de modalidades de contratación, en sintonía con lo previsto en el Decreto 70/2023. La diputada Romina Diez, aliada de Karina Milei, lideró la presentación en la Comisión de Legislación Laboral.

Mientras tanto, desde la CGT consideraron que el paro fue un éxito. El dirigente Héctor Daer sostuvo que la medida expresó un contundente rechazo al ajuste y a la política salarial del Gobierno. “No puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados”, afirmó, insistiendo en la necesidad de revisar la política de ingresos.

El cruce de versiones reflejó el profundo enfrentamiento entre el Gobierno libertario y el sindicalismo tradicional, en medio de un contexto de alta conflictividad social y económica.