El Gobierno nacional desembolsó más de $25.611 millones en 2024 para alquilar edificios, oficinas y terrenos donde actualmente operan más de 50 organismos del Estado. Así lo reveló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un informe presentado ante la Cámara de Diputados, basado en datos elaborados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El monto equivale a US$21,8 millones al tipo de cambio oficial vigente al 16 de abril, con un promedio mensual de $2.583 millones destinados a contratos de locación. El listado incluye dependencias como ministerios, secretarías, institutos y entes autárquicos, cuyos alquileres son gestionados individualmente mediante licitaciones públicas.

Entre las entidades con mayores gastos mensuales figuran:

• Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): $478.138.222
• ANSES: $247.004.830
• Superintendencia de Servicios de Salud: $233.879.964
• Superintendencia de Riesgos del Trabajo: $198.512.282
• Secretaría de Obras Públicas: $164.793.297
• Junta de Seguridad en el Transporte: $150.429.114
• Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: $129.272.313
• Ministerio de Seguridad: $102.358.831
• Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat: $100.080.696
• Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: $96.234.864

Ante el elevado gasto, el Gobierno impulsa una estrategia de relocalización que apunta a reducir el presupuesto destinado a alquileres. La iniciativa, según explicaron desde la Jefatura de Gabinete y la AABE, consiste en analizar los contratos vigentes, detectar inmuebles estatales en desuso o subocupados, y trasladar allí las oficinas públicas.

“La estrategia busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la administración de inmuebles y disminuir las erogaciones”, señaló la AABE en el documento oficial. Además, remarcaron que se trabaja para poner en valor el patrimonio inmobiliario del Estado Nacional.

Como primer paso de esta política, en el primer trimestre de 2025 se rescindieron 21 contratos de alquiler, lo que representó un ahorro fiscal de más de $30 millones, según precisó el informe presentado por Francos ante los legisladores.

La medida se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo por reducir el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales, en línea con las metas económicas trazadas por el presidente Javier Milei.