El Decreto 274/2025, firmado por el Gobierno nacional, desató una fuerte polémica al disponer que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas judiciales vinculadas con corrupción y lavado de dinero. La decisión generó un cruce de declaraciones entre el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Mariano Federici, quien lideró la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri.

Federici: “La impunidad protege a los corruptos”

A través de una publicación en redes sociales titulada “La diferencia entre un proyecto de poder y un proyecto de Nación”, Federici denunció que la medida atenta contra los organismos de control autónomos y promueve la impunidad. Aseguró que el Gobierno busca “extirpar facultades a entidades clave para el control del poder” con una intención política de concentración y arbitrariedad.

“El debilitamiento de los organismos de control es típico de gobiernos que persiguen proyectos de poder. La impunidad protege a los corruptos, encubre delitos y garantiza que nadie deba rendir cuentas”, expresó el exfuncionario. Además, advirtió sobre los riesgos del uso político de los servicios de inteligencia estatales y acusó al Ejecutivo de tener “sesgos autoritarios”.

Cúneo Libarona: “La UIF fue usada para perseguir opositores”

En respuesta, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rechazó las críticas y defendió el decreto. Señaló que la UIF había sido utilizada con fines políticos tanto por el kirchnerismo como por el macrismo, acusando a Federici de haber participado de esa lógica durante su gestión.

“La medida busca despolitizar el organismo. Con esta reforma, la UIF vuelve a su función técnica y deja de entrometerse en causas judiciales, tal como recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, explicó. Según Libarona, el organismo internacional había advertido a la Argentina sobre la necesidad de limitar la intervención de la UIF en procesos judiciales, alertando sobre “el uso selectivo de querellas tras cambios de gobierno”.

Además, el ministro acusó a Federici de haber intentado intermediar con una consultora privada, Key2, exigiendo al Estado el pago de 600 mil dólares, una propuesta que fue rechazada por la actual administración.

Fundamentos del decreto

El Decreto 274/2025 justifica la exclusión de la UIF como querellante en causas de corrupción y lavado con varios argumentos clave:

• Evitar la superposición de funciones con otros organismos del Estado, lo que implica duplicación de esfuerzos y recursos.
• Ajustar la estructura estatal a las recomendaciones de organismos internacionales como el GAFI, promoviendo una gestión más eficiente y coordinada.
• Asegurar un uso racional de los recursos públicos y mejorar la eficacia en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la división de poderes y redefinir el rol técnico de la UIF, alejándola de la arena judicial y política. La polémica, sin embargo, continúa abierta.