La Auditoría General de la Nación (AGN) atraviesa una crisis institucional sin precedentes: cuatro exauditores cuyos mandatos ya expiraron continúan activos dentro del organismo y perciben sueldos millonarios como asesores. Se trata de Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva, quienes permanecen en funciones a través de un «consejo consultivo» que ellos mismos impulsaron en 2023 mediante una resolución interna.

El órgano, validado por el actual presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue activado formalmente en medio de una acefalía institucional debido a la falta de renovación del cuerpo de auditores por parte del Congreso. Este vacío de poder ha convertido al consejo asesor en una estructura paralela que permite a los exfuncionarios seguir ejerciendo influencia y cobrando sueldos correspondientes a la categoría 1 del escalafón estatal, la más alta, con ingresos que rondan los 8 millones de pesos mensuales.

Desde el organismo justifican esta medida como una herramienta “transitoria” para evitar que se detengan las auditorías en curso. “Tenemos que garantizar que la AGN siga funcionando”, explicó Fernández, ahora presidente del consejo. Sin embargo, los informes técnicos elaborados bajo esta modalidad no pueden ser aprobados oficialmente, ya que carecen de legitimación sin un cuerpo de auditores designado, lo que mantiene a la AGN en una situación de virtual parálisis.

La responsabilidad de esta crisis recae principalmente en el Congreso Nacional, que desde hace más de un año no logra consensuar los reemplazos de los auditores salientes. Las divisiones políticas, especialmente entre los bloques libertarios y la oposición tradicional, han bloqueado cualquier avance en la designación de nuevas autoridades.

La acefalía comenzó en 2024 con el vencimiento del mandato de tres auditores designados por la Cámara de Diputados y se completó este mes con la salida de los tres restantes. Mientras que Graciela De la Rosa se retiró por completo y Jesús Rodríguez —ex presidente del organismo— rechazó sumarse al consejo, los otros exauditores buscaron mantener sus espacios de poder en una institución que maneja un presupuesto de más de $60.000 millones y cuenta con unos 1.800 empleados.

Aunque desde la AGN aseguran que los exauditores no conservan despachos ni personal político, se confirmó que trabajan desde oficinas ubicadas muy cerca de sus antiguos espacios, manteniendo una presencia activa en el funcionamiento cotidiano del ente de control. La situación genera preocupación tanto interna como externamente, ante la evidente falta de validación institucional y la continuidad de privilegios en un contexto de crisis generalizada.