Este miércoles 23 de abril de 2025, se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, una movilización que en 2024 reunió a docentes, estudiantes, graduados y familias para reclamar por los recortes presupuestarios en la educación superior. En coincidencia con ese aniversario, los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas convocaron a un paro nacional en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Contexto y reclamos

Desde los gremios denuncian un desfasaje del 80% entre la inflación acumulada y los aumentos salariales otorgados por el Gobierno nacional entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la CONADU Histórica también impulsaron clases públicas y medidas de fuerza de 48 horas para visibilizar el deterioro del sistema universitario.

A pesar del amplio respaldo social a las marchas de 2024, los problemas estructurales no se solucionaron. En 2025, se profundizó la caída de los salarios docentes y no docentes, se paralizaron todas las obras de infraestructura, se redujeron las becas estudiantiles y se desfinanció el sistema científico. Incluso, los gastos de funcionamiento que habían sido parcialmente recuperados tras la primera marcha, volvieron a desactualizarse.

Propuesta de nueva ley de financiamiento

Rectores, gremios y estudiantes –representados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina (FUA)– impulsan ahora una nueva Ley de Financiamiento Universitario, tras el veto presidencial del proyecto aprobado por el Congreso en 2024.

El CIN emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” y reclama la reanudación de la paritaria nacional universitaria, hoy suspendida. Señalan que sin salarios dignos “no hay universidad pública”, y exigen un plan que revierta lo que califican como la crisis salarial más grave desde el regreso de la democracia.

Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la UNLPam, expresó que buscan una ley que vincule el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria, para asegurar previsibilidad y continuidad. Estiman presentar un nuevo proyecto a los legisladores a mediados de mayo.

Impacto y testimonios

• Carlos De Feo, secretario general de Conadu, advirtió que la situación es insostenible, especialmente para las universidades más pequeñas, que enfrentan un segundo semestre crítico sin recursos suficientes.
• Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, destacó que aún hoy hay muchas deudas pendientes del Gobierno, especialmente en materia salarial, gastos operativos y becas estudiantiles.

En este último punto, se cuestiona la reducción del alcance real de las becas Progresar, cuyo monto máximo es de 35.000 pesos mensuales, una cifra considerada insuficiente frente al contexto inflacionario. También se denunció una disminución significativa en la cantidad de beneficiarios.

En paralelo, la Universidad de Buenos Aires declaró en marzo la “emergencia salarial” de sus trabajadores, como ya lo había hecho el año anterior, reforzando el estado crítico del sistema universitario argentino.