Este miércoles a las 10 de la mañana se reanuda en la Cámara de Diputados el tratamiento parlamentario por el escándalo de la criptomoneda $Libra, en un contexto de alta tensión política tras la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El debate continuará con la constitución formal de la comisión investigadora, en la que se elegirán autoridades y se definirá el reglamento de funcionamiento.

El cuerpo estará integrado por 28 legisladores. La mitad responde al oficialismo y sus aliados: PRO, MID, UCR, provinciales de Innovación Federal y la Liga del Interior. La otra mitad pertenece a bloques opositores como Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal. La paridad genera preocupación entre los opositores, que advierten sobre un posible empate que impida avanzar en la elección de autoridades, lo que trabaría el inicio efectivo de la investigación.

El martes, Francos fue el único funcionario del Ejecutivo en asistir a la sesión de interpelación, luego de que los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis “Toto” Caputo (Economía) se excusaran por “cuestiones de agenda”. En su intervención, Francos leyó un documento en el que negó tajantemente cualquier tipo de vínculo del presidente Javier Milei o su entorno con el proyecto Libra. Además, rechazó las versiones que hablaban de pagos para acceder a reuniones con el mandatario y afirmó que su conducta fue “impecable” tanto en la gestión pública como privada.

Sobre el núcleo del escándalo, el funcionario explicó que “el Presidente y los funcionarios no mantuvieron ningún vínculo con el proyecto o la moneda”, y justificó la eliminación de la publicación de Milei en X como un acto de “prudencia”, agregando que el Gobierno “se puso a disposición de la Justicia”.

La comisión investigadora tendrá tres meses para esclarecer los hechos en torno a la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente en redes sociales el pasado 14 de febrero. El objetivo será determinar responsabilidades políticas no solo de Milei, sino también de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el ministro Caputo, entre otros.

Entre sus facultades, la comisión podrá remitir oficios, solicitar informes a organismos públicos y privados, y convocar a declarar a cualquier funcionario de los poderes del Estado. Incluso podría citar al propio Presidente. También estará habilitada para recibir denuncias y testimonios, y cada decisión deberá ser votada por los miembros, lo que en un escenario de paridad puede convertirse en un obstáculo.

El informe final, que deberá presentarse dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de la investigación, podría tener fuertes implicancias políticas. Si se comprueban irregularidades o mala conducta, podría recomendarse el juicio político a Javier Milei, una posibilidad que ya impulsa el bloque de Unión por la Patria.

El avance o estancamiento de la investigación dependerá del equilibrio de fuerzas dentro de la comisión y del clima político general, en un año atravesado por elecciones y con una creciente confrontación entre el oficialismo y la oposición.