A partir de mayo de 2025, los senadores nacionales en Argentina percibirán casi 9,2 millones de pesos brutos mensuales, lo que se traduce en aproximadamente 7 millones de pesos netos en mano, debido al vencimiento del congelamiento salarial que regía desde abril de 2024. Esta suba se debe a que no se renovó la resolución que lo prorrogaba, decisión que dependía de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y del cuerpo legislativo, que evitó tratar el tema en la última sesión.

El aumento se generó por el enganchamiento de sus dietas al acuerdo salarial del personal legislativo, cuyo gremio (APL), liderado por Norberto Di Próspero, logró un aumento del 2,7% por enero y febrero. Según la fórmula establecida en una resolución de 2024, cada senador cobra 4000 módulos (2500 por dieta, 1000 por desarraigo y 500 por representación), con un valor actualizado de 2.285 pesos por módulo, llevando la dieta mensual a más de 9 millones de pesos.

La situación desató una fuerte polémica pública y política, especialmente en un contexto económico delicado para la mayoría de la población. Algunos senadores decidieron expresar su disconformidad:

• José María Carambia (Santa Cruz) anunció que sorteará parte de su aumento: un millón de pesos para ONGs y otro millón para vecinos de su provincia.
• Luis Juez (PRO – Córdoba) solicitó formalmente a Villarruel que congele su salario por todo 2025, argumentando que “no son momentos para discutir los salarios de la política”.

La decisión de dejar caer el congelamiento derivó en el regreso automático de la fórmula aprobada en abril de 2024, que había sido suspendida por escándalo público. Pese a los intentos de algunos legisladores por introducir el tema en la agenda parlamentaria, fue descartado durante la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada.

Proyectos en debate sobre las dietas:

• Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) presentó un proyecto para que los legisladores puedan renunciar parcial o totalmente a sus dietas, estableciendo que el salario no debería superar el equivalente a diez jubilaciones mínimas.
• José Mayans (Unión por la Patria) propuso fijar por ley un tope máximo a los sueldos de las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo empresas estatales y entes descentralizados. El límite sería de 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El tema genera división dentro del Senado y evidencia el desacople entre la dirigencia política y las condiciones socioeconómicas de la población, en un momento en que el Gobierno impulsa recortes y pide “esfuerzo” a la sociedad.