El gobierno de Javier Milei eliminó dos fondos fiduciarios millonarios por considerar que presentaban irregularidades y carecían de eficacia: el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC). Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el FONDOTEC ejecutó apenas $33 millones de los más de $28.000 millones asignados entre 2022 y 2023, mientras que el FISU fue señalado por comprar terrenos contaminados, adjudicar obras a cooperativas sin antecedentes y demorar los desarrollos.

El FISU, creado en 2019 y dirigido por Fernanda Miño (militante del Frente Patria Grande, vinculado a Juan Grabois), tenía como objetivo urbanizar barrios populares. En 2024, gestionó un presupuesto de $188.411 millones, de los cuales $28.707 millones se destinaron a gastos de capital, incluyendo transferencias a provincias, municipios y entidades privadas. El gobierno actual denuncia que muchas adjudicaciones fueron otorgadas sin criterios de experiencia ni resultados concretos.

El FONDOTEC, dependiente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y la Innovación, fue creado por la Ley 23.877 de 1990 para financiar proyectos científicos con fondos del Tesoro y créditos externos. En 2024 tenía ingresos por $3.224 millones y ejecutó apenas una pequeña fracción, evidenciando —según el Ejecutivo— una “alarmante subejecución presupuestaria” y una falta de impacto real.

Estas medidas forman parte del programa de ordenamiento fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige el cierre de todos los fideicomisos, salvo el que subsidia el gas para hogares vulnerables, antes de diciembre de 2025. Con estas dos bajas, ya suman 24 los fondos eliminados por el gobierno de Milei en su objetivo de reducir el gasto público y transparentar la administración de recursos.