La Fundación Apolo presentó una denuncia penal para que se investigue el accionar de una presunta organización criminal venezolana que habría amenazado e intimidado a exiliados políticos en territorio argentino. El caso de José Zambrano, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura de Venezuela, está en el centro de la acusación.

La Fundación Apolo presentó una denuncia penal ante la Justicia argentina para que se investigue la existencia de una supuesta red de espionaje y persecución vinculada al régimen de Nicolás Maduro. La presentación judicial acusa a una organización criminal con base en Venezuela de realizar tareas de seguimiento, hostigamiento y amenazas contra ciudadanos venezolanos que se exiliaron en diversos países de América Latina, entre ellos Argentina.

La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro, el abogado José Magioncalda y el investigador Nicolás Silvera —con patrocinio legal de Ignacio Falcón—, señala que la organización respondería directamente al régimen chavista. Los delitos imputados en el escrito son asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas, aunque también se plantea la posibilidad de que los hechos constituyan crímenes de lesa humanidad, por estar motivados en persecuciones políticas.

El caso de José Zambrano Erazo es el eje de la denuncia. Hijo de Mery Erazo, exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano, Zambrano habría sido víctima de vigilancia ilegal y amenazas en varios países tras el exilio forzado de su familia. Según el documento, la persecución comenzó en 2017, cuando su madre intentó renunciar a su cargo por temor a represalias internas. Mery Erazo trabajaba en un área liderada por Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una secretaría supuestamente implicada en desvíos de fondos públicos hacia el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). El régimen habría impedido su renuncia y bloqueado su salida del país, sospechando que pudiera divulgar información sensible.

Finalmente, la familia logró salir de Venezuela. Se establecieron primero en Ecuador, y luego se dispersaron entre Chile, Colombia y Estados Unidos. En todos esos destinos, según la denuncia, sufrieron amenazas verbales, intimidaciones escritas y seguimientos por parte de presuntos agentes del régimen.

En Argentina, donde José Zambrano residió desde enero de 2018 hasta mayo de 2024, el hostigamiento habría sido persistente. En 2022, recibió una carta manuscrita en su domicilio en Buenos Aires con el mensaje: “Sabemos el horario donde paseas a tu perra”. Zambrano denunció el hecho ante una comisaría local y luego presentó una exposición civil, sin que se registraran avances sustanciales en la investigación.

La Fundación Apolo pidió que se investigue si estas acciones forman parte de un plan sistemático de espionaje y persecución ejecutado por el aparato estatal venezolano en el extranjero, dirigido a silenciar a disidentes políticos. Además, se solicita que se analice si operativos de inteligencia extranjeros estarían actuando en territorio argentino sin autorización ni conocimiento de las autoridades locales, lo que agravaría la situación desde el punto de vista diplomático y judicial.

El expediente quedó a disposición del Poder Judicial argentino, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.