La Justicia Federal investiga una presunta maniobra de desvío de fondos por $1900 millones provenientes del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La causa, que involucra al exministro de Transporte Jorge D’Onofrio —funcionario durante el gobierno de Axel Kicillof—, se centra en los convenios firmados por al menos 11 municipios con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la cual habría actuado como intermediaria irregular en el circuito de cobro y pago de infracciones de tránsito.

El expediente, a cargo del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, apunta a determinar si la UNSAM —que no estaría habilitada para este tipo de convenios— fue utilizada para triangular pagos hacia empresas proveedoras del servicio de fotomultas, evadiendo controles legales y fiscales.

Según la normativa vigente, el 20% del monto recaudado por multas corresponde a la provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios, que deben contratar de forma directa a las empresas que instalan y operan las cámaras de fiscalización. Sin embargo, en este esquema los municipios habrían transferido los fondos a la universidad, que luego giraba el dinero en “negro” a empresas privadas, como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.

La operatoria, señalan fuentes judiciales, no sólo violaría las normativas vigentes, sino que habría servido para ocultar contrataciones y desviar fondos públicos. Municipios como La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro figuran entre los involucrados en los convenios bajo sospecha.

Durante los últimos días, el juzgado ordenó allanamientos en las sedes de las empresas mencionadas, de donde se secuestró documentación relevante vinculada a los contratos con los municipios y la universidad. Las autoridades judiciales estiman que solo en 2024 se habrían desviado al menos $1900 millones a través de este mecanismo.

La investigación forma parte de un entramado más amplio que incluye otras causas relacionadas con supuestas irregularidades en la contratación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante la gestión de D’Onofrio, hoy desplazado de la función pública. En total, ya se abrieron al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

El caso reaviva el debate sobre los controles en el uso de fondos públicos y pone bajo la lupa tanto a municipios como a instituciones académicas en su rol como administradoras de recursos estatales. La Universidad Nacional de San Martín, por el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones.