La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) elevó un pedido formal al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para eliminar el aporte obligatorio que el sector realiza al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), o bien transformar dicho financiamiento en voluntario. La solicitud, que forma parte de una campaña que la entidad viene promoviendo desde hace meses, cuestiona duramente la eficacia del organismo creado en 2001.

El IPCVA fue fundado con el objetivo de promocionar la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el externo. Su financiamiento depende exclusivamente del sector privado, a través de un aporte obligatorio por cada animal enviado a faena. Este valor se actualiza en función del precio de la res y se distribuye en un 69% a cargo de los productores ganaderos y un 31% por parte de la industria frigorífica.

Desde CAMYA, encabezada por su presidente Leonardo Rafael, aseguran que el instituto se ha convertido en “un elefante blanco” que no genera beneficios reales para los actores del sector, especialmente para matarifes y abastecedores, quienes sostienen que el aporte solo alimenta una estructura burocrática ineficiente. En una carta dirigida a Sturzenegger, expresaron: “La única manera de liberar el verdadero potencial del sector cárnico es a través de la desregulación y la reducción de la carga estatal, que hoy sólo asfixia a productores y operadores con impuestos distorsivos, trabas burocráticas y la intromisión de organismos ineficaces”.

Según estimaciones del sector, la recaudación total del IPCVA durante 2024 alcanzó los USD 15 millones. Aunque los matarifes no pagan directamente este aporte, se les traslada el costo a través de los frigoríficos que lo incluyen en los servicios de faena. CAMYA calcula que el 14% del financiamiento del instituto proviene de la actividad de matarifes, que representó el 44,5% de las cabezas faenadas entre enero y septiembre del año pasado.

La cámara propuso dos alternativas: la disolución total del IPCVA o su transformación en una entidad de afiliación voluntaria. “En un mercado globalizado, los productores deberían tener la libertad de elegir cómo y dónde promover sus productos sin la intromisión de un organismo privado/estatal”, sostuvieron.

Asimismo, advirtieron que el costo de este aporte obligatorio impacta en toda la cadena productiva y termina siendo absorbido por el consumidor final. “Como cualquier otro costo, se traslada al precio de la carne”, remarcaron.

El reclamo se produce en un contexto de inflación persistente en el rubro alimentos. Según el INDEC, en abril de 2025 los precios de “Carnes y derivados” aumentaron 4,8% en el Gran Buenos Aires, con Cuyo liderando el alza con un 5,9%. Aunque relevamientos privados como el de LCG mostraron una leve baja en los precios de la carne en las primeras semanas de mayo, el consumo sigue sin repuntar.

Desde CAMYA concluyeron que “en lugar de financiar obligatoriamente una promoción exterior con dudosos resultados, podríamos apostar a fortalecer la ganadería en su conjunto, generando un verdadero efecto derrame sobre toda la actividad”. El debate queda ahora en manos del Gobierno, que deberá evaluar si avanza en una de las reformas que más reclama el sector cárnico.