Un grupo de bonistas internacionales que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 exigió al gobierno argentino que cumpla con una sentencia judicial firme en su contra, que obliga al país a pagar más de 1500 millones de euros por la manipulación de datos del INDEC durante el kirchnerismo. La advertencia se produce en medio de los primeros intentos del Ministerio de Economía por sondear el mercado financiero internacional para colocar nueva deuda.

El fallo, originado en los tribunales británicos, condenó a la Argentina por alterar la medición del crecimiento económico, lo que impidió el pago del cupón PBI, un instrumento financiero que abonaba rendimientos en función del desempeño económico. En octubre de 2024, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó la apelación del Estado argentino y dejó firme la sentencia por €1300 millones, que desde entonces ha seguido acumulando intereses.

Aunque los demandantes ya ejecutaron una garantía de más de €300 millones depositada por la Argentina durante el proceso, el monto total exigido supera ahora los €1500 millones. En este contexto, los acreedores enviaron un mensaje directo al Gobierno: si no cumple con la sentencia, no debería aspirar a obtener financiamiento internacional.

Desde la red social X (ex Twitter), la asociación Exchange Bondholder Group lanzó una dura advertencia:

“El Ministerio de Economía está de gira por Londres con los fondos de bonos. Solo hay un problema: la Argentina sigue desafiando la sentencia judicial británica de 1500 millones de euros sobre cupones PBI. Argentina, respeta a los tribunales del Reino Unido si planeas recaudar fondos en Londres”.

La presión se intensifica justo cuando funcionarios del Ministerio de Economía, encabezados por Luis Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, llevan adelante reuniones con fondos de inversión en Londres. Días antes, el viceministro José Luis Daza realizó una gira similar en Estados Unidos.

A pesar de que Caputo declaró que es “improbable” que Argentina emita deuda en los mercados internacionales durante 2025, firmas como Latam Advisors advirtieron que el creciente interés inversor, el descenso del riesgo país (cercano a los 500-600 puntos básicos) y la mejora del perfil crediticio, podrían anticipar una colocación de bonos externos.

Sin embargo, la consultora también alertó que las disputas legales pendientes, como las del Cupón PBI —que también tiene una causa abierta en Nueva York— y el juicio por la expropiación de YPF, representan riesgos significativos que podrían obstaculizar el regreso del país a los mercados financieros globales.

“El diálogo entre la República y los tenedores de cupones PBI continúa desde el mes pasado, sin resultados concretos. Algunos analistas creen que los acreedores podrían apuntar a futuros ingresos por bonos, lo que complicaría aún más el panorama financiero argentino”, concluyó Latam Advisors.

Este escenario añade un nuevo frente de presión sobre el equipo económico de Javier Milei, que busca recuperar la confianza internacional sin asumir compromisos judiciales pasados que podrían poner en riesgo la estrategia de financiamiento externo.