El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró el avance de la reforma migratoria impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al considerar que responde a un antiguo reclamo de la provincia por su condición de zona fronteriza. El mandatario provincial destacó el compromiso del Gobierno nacional con el control del ingreso de extranjeros y la restricción de beneficios sociales a personas no residentes.

“Desde que asumí como Gobernador venimos pidiendo esta reforma. Salta es una provincia con pasos internacionales y necesitábamos medidas concretas para garantizar el orden migratorio y evitar abusos en el acceso a beneficios sociales”, expresó Sáenz, quien además aseguró que la provincia está colaborando activamente con Nación para facilitar su implementación.

Uno de los ejes señalados por el gobernador fue el control sobre el cobro de planes sociales por parte de extranjeros que no residen en Argentina. “Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes de ANSES a aquellos que los cobran sin vivir en el país. Sabemos que el Gobierno nacional está trabajando en eso, y nosotros estamos acompañando con todo lo necesario”, afirmó.

Sáenz sostuvo que la medida representa “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”, y reafirmó su compromiso con un trabajo articulado entre Nación y Provincia, particularmente en cuestiones de seguridad y control fronterizo.

Detalles de la reforma migratoria

La reforma se materializó a través del Decreto 366/2025, que modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones N° 25.871. Su objetivo central es restringir el ingreso y permanencia de extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública, y condicionar el acceso a servicios y beneficios estatales según la categoría migratoria.

Uno de los principales cambios redefine el artículo 6 de la ley, estableciendo que el acceso a servicios como salud, educación, justicia, trabajo y seguridad social dependerá de la condición de residencia del extranjero. En este sentido, quienes posean residencia permanente podrán acceder en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Por el contrario, los no residentes deberán contar con un seguro médico o abonar previamente la atención, salvo en situaciones de emergencia.

En materia educativa, se faculta a las universidades públicas a establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente. No obstante, se garantiza el acceso a niveles inicial, primario y secundario, sin importar la situación migratoria del alumno.

La nueva normativa también introduce la obligación de presentar una declaración jurada al ingresar al país, donde se detallen los motivos del ingreso y se comprometan a no desvirtuarlos. Asimismo, se intensificarán los controles documentales y se endurecerán las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o con documentación falsificada.

La iniciativa, fuertemente defendida por el oficialismo, se enmarca en un conjunto de reformas estructurales que buscan reforzar la seguridad y el control migratorio, en línea con las metas fiscales y sociales del Ejecutivo nacional.