En los primeros 18 meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei ejecutó una drástica reducción de personal estatal con la eliminación de 50.591 empleos públicos, lo que representa un ahorro anual estimado en USD 2.000 millones, según datos oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El dato fue confirmado por el propio ministro Federico Sturzenegger, quien detalló que solo en mayo se recortaron otros 2.800 puestos entre la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. La decisión se enmarca en el plan de achique del Estado y en el objetivo prioritario de lograr superávit fiscal sostenido.

La “motosierra” en números

Antes de asumir la actual administración en diciembre de 2023, la APN contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas públicas sumaban 91.166 trabajadores. Para abril de 2025, los registros oficiales indican una caída a 177.444 y 76.230 empleados respectivamente.

El ministro Sturzenegger defendió el recorte señalando que no se verificó una merma en la calidad de los servicios: “Muchos eran ñoquis o personas que hacían tareas que la sociedad no valoraba”, argumentó. A modo de ejemplo, mencionó que el INTA disponía de 3.000 vehículos para 6.000 empleados con un presupuesto de $400.000 millones, y que Senasa contaba con 700 camionetas.

Ajuste fiscal y metas con el FMI

El ajuste en la planta de personal responde al objetivo de fortalecer el resultado fiscal. El equipo económico, en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decidió elevar la meta de superávit primario para 2025 del 1,3% al 1,6% del PBI, es decir, de $6,3 billones a $7,7 billones. La decisión busca blindar la economía argentina ante eventuales shocks externos.

Fin del feriado del Día del Empleado Público

En sintonía con la política de austeridad, el Gobierno eliminó el feriado del 27 de junio, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día del Trabajador del Estado. La medida rige para todos los empleados de la Administración Pública Nacional, bajo el argumento de que “el Estado no debe ofrecer privilegios que no existen en el sector privado”, según expresó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La decisión fue rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la legalidad de la medida y denunció la pérdida de derechos laborales mediante publicaciones en sus redes sociales.