El Gobierno nacional oficializó este viernes la suba de las retenciones para la soja, el maíz y el girasol, una medida largamente anticipada y resistida por el sector agroexportador. La disposición, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 439/2025, entrará en vigencia a partir del 1° de julio y forma parte de la estrategia fiscal para sostener el superávit primario y fortalecer las reservas.

De acuerdo al nuevo esquema, la alícuota para la soja pasará del 26% al 33%, recuperando el nivel máximo aplicado en gobiernos anteriores. Para el maíz y el sorgo, las retenciones se elevarán del 9,5% al 12%, mientras que el girasol volverá al 7%, tras haber sido reducido al 5,5% durante este año.

En contraste, el decreto confirmó la prórroga de las reducciones vigentes para los cultivos invernales: el trigo y la cebada mantendrán una alícuota del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

Exigencias para exportadores

La normativa también establece que los exportadores de cultivos invernales deberán liquidar al menos el 90% de las divisas correspondientes en un plazo de 30 días hábiles a partir de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Esta exigencia apunta a acelerar el ingreso de divisas al mercado formal y fortalecer el flujo de reservas en el segundo semestre del año.

Rechazo del campo

La medida, que ya había sido adelantada desde Casa Rosada, generó fuertes críticas de parte del sector agropecuario, que considera el aumento de las retenciones como un retroceso en el camino hacia una mayor competitividad y previsibilidad. Dirigentes del agro advirtieron que la suba impactará negativamente en la rentabilidad de los productores y podría desacelerar las decisiones de inversión de cara a la próxima campaña.

Pese a las objeciones, desde el Ministerio de Economía defendieron la decisión como parte de una política fiscal responsable, señalando que las retenciones continúan siendo una fuente clave de financiamiento sin recurrir a emisión monetaria ni ajuste sobre sectores más vulnerables.

Con estas modificaciones, el Gobierno reafirma su compromiso con el equilibrio macroeconómico, aunque a costa de un nuevo frente de tensión con el sector agrícola, históricamente clave en la generación de divisas del país.