En una reforma estructural sin precedentes, el Gobierno nacional oficializó una profunda reorganización de las fuerzas federales de seguridad mediante cuatro decretos firmados por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las medidas, habilitadas por la Ley Bases, modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), con un fuerte enfoque en la ciberseguridad y el combate al crimen organizado.

Gendarmería: inteligencia digital y nuevo rol militar

El decreto que modifica la Gendarmería establece su actuación en el ciberespacio y redes sociales, con el objetivo de prevenir delitos y amenazas terroristas que afecten derechos ciudadanos e infraestructuras críticas. Se autoriza el acceso a bases de datos públicas y privadas (estas últimas con marco legal), y se faculta el contacto con agencias extranjeras para enfrentar al crimen transnacional.

Además, se amplía su rol como instrumento militar terrestre en caso de conflicto bélico, y se le asignan funciones como policía auxiliar en materia aduanera, migratoria, sanitaria, tributaria, económica y de ciberterrorismo, entre otras. También se incorpora su intervención en pasos fronterizos, misiones internacionales y la protección de sedes diplomáticas argentinas en el exterior.

PSA: vigilancia aeroportuaria y control digital sin orden judicial

La Policía de Seguridad Aeroportuaria amplía sus competencias con atribuciones de vigilancia digital preventiva sin necesidad de autorización judicial. Podrá operar en espacios públicos digitales y redes abiertas, además de participar en la elaboración de inteligencia criminal.

Se mantiene como función principal la salvaguarda de la aviación civil, con control de instalaciones, equipajes, cargas, aeronaves y personal en los aeropuertos. También podrá fiscalizar el transporte y tenencia de armas y explosivos en ese ámbito.

Como novedad, se crea el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, presidido por un representante del Ministerio de Seguridad e integrado por organismos como PSA, Migraciones, Aduana, ORSNA, EANA y ANAC, entre otros.

Prefectura Naval: nuevo sistema Guardacostas y menos burocracia

La Prefectura Naval incorpora formalmente el Sistema Guardacostas como herramienta de inteligencia y vigilancia marítima y fluvial, y suma el rol de Policía Auxiliar Pesquera. Se eliminan funciones obsoletas como la potestad de otorgar privilegios postales o de llevar prontuarios, y se limita su intervención en tareas de salvamento subacuático realizadas por privados, reduciéndola a supervisión técnica.

Se actualiza el régimen de personal y se refuerza su rol en la identificación de personas que ingresen o egresen del país por vías marítimas, fluviales o aéreas bajo su jurisdicción. También continuará con tareas de control ambiental y cumplimiento de normas de navegación.

SPF: fuerza federal para combatir el crimen organizado

El decreto que modifica el Servicio Penitenciario Federal lo consolida como fuerza de seguridad federal, sumando el combate al crimen organizado como una de sus funciones prioritarias. Se amplía su rol más allá de la custodia de internos, para ejecutar sanciones penales por delitos federales y colaborar en la prevención de la reincidencia.

La reforma incluye una nueva estructura organizativa, con direcciones generales de Seguridad, Comunicaciones y Tecnología, y Formación y Bienestar. Se incorpora un Plan de Infraestructura Penitenciaria y se autoriza la desafectación de inmuebles penitenciarios en zonas urbanas, con vistas a su relocalización.

Modernización y enfoque integral

Desde el Gobierno justificaron las reformas afirmando que “las leyes orgánicas anteriores fueron redactadas antes del desarrollo de la informática y las nuevas formas de criminalidad”. El objetivo, explicaron, es adecuar las estructuras estatales al entorno digital, reforzar la cooperación internacional y mejorar la prevención del delito en todas sus formas.

Con estos decretos, el Ejecutivo busca una modernización operativa de las fuerzas federales, potenciando su presencia en el terreno físico y virtual, y preparando al Estado para enfrentar nuevos desafíos de seguridad interior y externa.