Con la disolución de Vialidad Nacional y los organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, el Gobierno nacional confirmó que más de 5.100 empleados públicos quedarán sin funciones y serán pasados a disponibilidad. El proceso incluye reubicaciones, capacitaciones, desvinculaciones y potenciales despidos, en el marco de una profunda reorganización administrativa del área de transporte.

Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, parte de los trabajadores serán reubicados en dependencias del Ministerio de Economía, que ahora absorberá la gestión de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, y en la recientemente creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Año de disponibilidad y reubicación parcial

Los empleados afectados pasarán a un régimen de disponibilidad con goce de sueldo durante un año, mientras el Gobierno define su destino laboral. Durante ese período, podrán recibir capacitaciones para ser relocalizados en otras áreas de la administración pública o incluso prestar servicios tercerizados para el Estado.

Quienes no sean reubicados recibirán indemnizaciones equivalentes a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, considerando el salario más alto percibido en los últimos 12 meses. Sin embargo, el Gobierno advirtió que revisará caso por caso y podría evitar pagar compensaciones si detecta faltas laborales previas, como incumplimiento de horarios, ausencias injustificadas o abandono de tareas.

Mismo esquema para otras agencias

La medida también alcanza al personal de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismos que serán desactivados bajo el mismo protocolo de evaluación, disponibilidad y despido.

Con esta reestructuración, el Ejecutivo busca reducir el gasto del Estado, concentrar funciones estratégicas en nuevos entes de control y modernizar el esquema de concesiones y mantenimiento vial. La medida forma parte del paquete de reformas que impulsa el presidente Javier Milei, orientadas a achicar la estructura estatal y descentralizar funciones consideradas “no esenciales”.

El futuro laboral de miles de empleados públicos se definirá en los próximos meses, mientras continúan las negociaciones internas para concretar la reingeniería institucional del área de infraestructura y transporte.