El Gobierno argentino presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra el fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado la entrega del 51% de las acciones de YPF para avanzar con el pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. La medida busca frenar el cumplimiento inmediato del fallo que favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman más de US$17.750 millones incluyendo intereses.

La apelación fue presentada antes de que la jueza resolviera si aceptaba suspender la ejecución de la sentencia, lo que sorprendió a los especialistas por anticiparse a los tiempos procesales esperados. Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, «este paso era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora», aunque remarcó que Argentina está en su derecho de hacerlo.

Plazo clave y riesgo de desacato

El lunes 14 de julio vence el plazo que la jueza Preska impuso para que el Estado argentino deposite las acciones de YPF en custodia en un banco de Nueva York. El objetivo era garantizar el cumplimiento del fallo mientras se continuaban las instancias judiciales.

Aun con la apelación presentada, Preska puede exigir que se cumpla con la entrega de las acciones o solicitar al Estado argentino que ofrezca una garantía mientras avanza el proceso ante la Cámara. En caso contrario, los demandantes podrían pedir que se declare a la Argentina en desacato, lo que abriría un nuevo frente judicial.

Además del reclamo de Burford y Eton Park, el Gobierno también apeló otro fallo de Preska que lo obliga a entregar acciones de la petrolera al fondo Bainbridge, en este caso, por una sentencia de US$95 millones derivada de deuda en default desde 2001.

Un juicio con consecuencias millonarias

El conflicto judicial por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar el 51% de la petrolera, entonces en manos de Repsol. Si bien el Estado argentino compensó a la empresa española con bonos, no se ofreció el mismo trato al resto de los accionistas, lo que derivó en una demanda por parte de los fondos que compraron esos derechos litigiosos.

El 15 de septiembre de 2023, Preska falló en contra de la Argentina, imponiendo una sentencia de US$16.000 millones, cifra que ya asciende a US$17.750 millones con los intereses acumulados. El fallo se basó en la supuesta violación del estatuto de YPF, que obligaba a realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas en caso de cambio de control.

Estrategia del Gobierno y tensión con la Justicia estadounidense

Desde que se conoció la sentencia, la administración nacional sostiene que la ejecución del fallo es inviable y que cualquier modificación en la composición accionaria de YPF debe ser aprobada por el Congreso, argumento que no prosperó ante la jueza.

Mientras tanto, los fondos acreedores intensificaron sus presiones, intentando cobrarse la deuda con las acciones estatales de YPF. La decisión de Preska de habilitar esa vía abrió la puerta a otros acreedores del Estado argentino con fallos firmes para reclamar pagos con activos estratégicos del país.

La apelación presentada busca frenar un desenlace judicial adverso para la Argentina, aunque el proceso podría extenderse varios meses y dejar en suspenso la situación jurídica de uno de los activos más importantes del Estado nacional.