La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender la ejecución del fallo que obliga al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF. La decisión habilita a los fondos demandantes a avanzar sobre el 51% de las acciones de la petrolera estatal como forma de compensación.

Duro fallo contra la Argentina

“La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y continúa demorando y eludiendo sus obligaciones”, expresó Preska en su escrito, en un tono especialmente crítico hacia la actitud procesal del Estado argentino.

La jueza recordó que en enero de 2024 se concedió una suspensión del fallo sin exigir una fianza, con la condición de que Argentina gestionara una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones y ofreciera una “garantía mínima”. Según detalló la magistrada, el país no cumplió ninguna de estas condiciones, lo que derivó en la negativa actual.

Preska fue contundente al afirmar que el incumplimiento por parte de Argentina es lo que mantiene vigente la sentencia, y rechazó “de plano” el intento de evitar que el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio, se quede con la mayoría accionaria de YPF.

El origen del conflicto

La causa judicial se originó por la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado tomó control de la petrolera sin haber cumplido, según los demandantes, con el estatuto de la compañía que exigía una oferta pública de adquisición a los accionistas restantes.

Burford Capital y Eton Park Capital, que compraron los derechos litigiosos de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora (exaccionistas de YPF), impulsaron el juicio en Nueva York, donde obtuvieron un fallo favorable en 2023, ratificado en 2024.

Próximos pasos del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei cuenta ahora con un plazo de tres días para apelar ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, con el objetivo de frenar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el rechazo de Preska complica severamente las chances de lograr una medida cautelar que impida la entrega de acciones.

La administración libertaria, que había intentado negociar condiciones más favorables o postergar el pago, enfrenta ahora la presión de cumplir con una sentencia multimillonaria que podría impactar directamente en los activos estratégicos de la principal empresa energética del país.

El revés judicial se suma al delicado contexto financiero que atraviesa la Argentina, con una brecha cambiaria en aumento, suba del riesgo país y tensiones con los mercados internacionales. La posible pérdida del control accionario de YPF representa un golpe político y económico de alto impacto para el gobierno.