Este lunes, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska resolverá un punto crucial en el millonario juicio por la expropiación de YPF: si suspende o no la orden que obliga a la Argentina a entregar acciones de la petrolera estatal como forma de cumplimiento parcial del fallo adverso por USD 16.100 millones (cifra que con intereses supera los USD 17.750 millones).

La decisión llega en un contexto de alta tensión judicial y financiera para el país, que enfrenta un proceso de apelación tras haber sido condenado en septiembre de 2023 por la jueza Preska a raíz de la expropiación realizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. El reclamo fue iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del Grupo Petersen, exaccionista de YPF.

Qué se decide hoy

La jueza no definirá aún si revierte o confirma el fallo principal ni el mecanismo de pago con acciones, sino si se suspende temporalmente la entrega de los títulos de YPF al banco de Nueva York que actúa como agente depositario. Esta medida permitiría al Estado argentino evitar sanciones mientras se desarrolla el proceso de apelación en la Corte de Segunda Instancia.

La Argentina ya presentó la apelación el jueves pasado, y la magistrada otorgó un plazo adicional de tres días a ambas partes para hacer presentaciones ante la Corte de Apelaciones, previo a tomar una decisión.

Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, si Preska concede la suspensión, los demandantes no podrán ejecutar la sentencia ni tomar control de los papeles de YPF durante el curso del recurso judicial. Si no la concede, el país quedaría más expuesto a embargos o ejecuciones inmediatas.

Antecedentes del conflicto

El juicio tiene su origen en la nacionalización de YPF hace más de una década. Si bien el Estado argentino compensó a Repsol por su participación, no hizo lo mismo con otros accionistas privados, violando presuntamente el estatuto de la compañía, según determinaron los tribunales estadounidenses.

El presidente Javier Milei ya se expresó en contra del fallo, calificándolo de inaplicable:

“El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso con dos tercios. No va a ocurrir”, afirmó días atrás.

No obstante, el rechazo de la administración actual a cumplir voluntariamente con el fallo ha motivado nuevas estrategias legales de los fondos demandantes, incluyendo el pedido de entrega de acciones, que ya obtuvo luz verde judicial y podría sentar precedente para nuevas demandas de otros acreedores internacionales.

La definición de hoy por parte de Preska será clave para saber si Argentina logra ganar tiempo en su batalla judicial o si deberá enfrentar inminentes consecuencias financieras.