La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó este lunes la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, que establecía restricciones al derecho a huelga y ampliaba el listado de actividades consideradas esenciales. La resolución representa un nuevo revés judicial para el Ejecutivo nacional, en un contexto de fuerte tensión con los gremios.

El fallo, considerado “definitivo”, respaldó el recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que argumentaba que el decreto violaba varios artículos de la Constitución Nacional, al avanzar sobre derechos fundamentales sin la debida intervención del Congreso.

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado confirmaron la decisión de primera instancia dictada por la jueza laboral Moira Fullana, quien había dado lugar a una medida cautelar solicitada por la central obrera para frenar la aplicación del decreto.

Argumentos constitucionales

En el texto de la sentencia, el tribunal recordó que la reforma constitucional de 1994 introdujo límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia, estableciendo que solo pueden dictarse en “circunstancias excepcionales” que impidan seguir el trámite legislativo ordinario.

“El Poder Ejecutivo solo puede dictar DNU cuando la situación impide reunir al Congreso. En este caso, no se dan esos extremos excepcionales”, señala el fallo, en línea con jurisprudencia previa de la Corte Suprema de Justicia.

El DNU 70/2023, anunciado por Milei en diciembre de 2023, había sido duramente cuestionado por diversos sectores sindicales y jurídicos por incluir restricciones a la actividad sindical, modificar condiciones laborales y ampliar las actividades “esenciales”, lo que restringía de facto el derecho de huelga en amplios sectores.

Victoria sindical

Desde la CGT celebraron el fallo como “una victoria para el derecho laboral y la democracia sindical”. La central obrera había denunciado que el decreto implicaba una “intromisión inconstitucional” del Poder Ejecutivo sobre un derecho protegido por convenios internacionales y por la propia Carta Magna.

Aunque el Gobierno aún puede apelar ante instancias superiores, la decisión de la Cámara representa un obstáculo legal importante para la implementación del DNU y refuerza la posición de los sindicatos en la disputa por la defensa de los derechos laborales.

La resolución también refuerza los límites institucionales frente al uso de decretos para legislar en materias sensibles, como los derechos laborales, que requieren debate parlamentario y consenso político.