Tras la dura derrota parlamentaria sufrida por el oficialismo en el Senado, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores sigue estancada. No hubo hasta el momento una convocatoria formal al diálogo, aunque persisten conversaciones informales y subterráneas. En ese contexto, se evalúa la posibilidad de una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño.
El único encuentro previsto por ahora es una reunión informal este jueves en la Sociedad Rural, convocada por su presidente Nicolás Pino. Aunque no será un espacio institucional, se espera la participación de varios gobernadores y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en lo que podría representar el primer gesto de distensión tras semanas de fuertes cruces.
En paralelo, los gobernadores del PRO y la UCR comienzan a reorganizarse de cara al futuro, con la intención de lanzar una nueva coalición política después de las elecciones de octubre, que tome distancia del fallido armado de Juntos por el Cambio y hasta podría incluir sectores del peronismo. Varios de estos mandatarios ya anticiparon que los bloques legislativos actuales cambiarán su composición tras el recambio del 10 de diciembre.
El malestar de las provincias se agudizó luego de que el Senado aprobara dos leyes clave impulsadas desde el CFI: la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. El Gobierno ya anticipó que vetará ambas normas, lo que volvió a tensar los vínculos con los líderes provinciales. Algunos incluso advierten que tienen el número para impulsar acuerdos judiciales o incluso avanzar con juicios políticos si no hay señales concretas desde Balcarce 50.
A pesar de la resistencia del Ejecutivo, se registraron movimientos de último momento para evitar el revés legislativo, encabezados por Francos y funcionarios como Eduardo “Lule” Menem y Lisandro Catalán. También se involucró el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ofreció concesiones puntuales a algunas provincias. Sin embargo, no hubo consenso, y el Gobierno se mostró fragmentado en su estrategia, con una menor participación del consultor Santiago Caputo y diferencias internas sobre cómo encarar las negociaciones.
Desde el entorno presidencial aseguran que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar solo en acuerdos “sectoriales” con mandatarios afines. Sin embargo, los gobernadores se mantienen firmes y coinciden en que esta vez no cederán sin obtener beneficios concretos. “El destrato fue excesivo”, dijo un gobernador aliado, molesto por la falta de diálogo real y la paralización de transferencias automáticas, que agravó la caída de los ingresos provinciales.
En medio de este clima, algunos mandatarios buscan aprovechar la coyuntura para plantear otros reclamos, como el levantamiento de barreras sanitarias en la Patagonia. A su vez, el debate por el paquete previsional aprobado también en el Senado sigue abierto: el presidente Milei ya anticipó que lo vetará, aunque el tratamiento legislativo de esa norma es menos complejo que el de los proyectos fiscales y cuenta con cierto acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y parte del peronismo.
En tanto, el armado electoral continúa. El oficialismo trabaja en el cierre de listas para octubre, en particular en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. En este último distrito, crecen las chances de que Patricia Bullrich encabece la boleta al Senado por La Libertad Avanza. Su rol reciente como crítica frontal de la vicepresidenta Victoria Villarruel —a quien acusó de favorecer al kirchnerismo en el Senado— fortaleció su imagen como aliada fiel del presidente. Milei incluso compartió un desayuno con ella en Olivos el último domingo, como señal de respaldo.
La interna entre el Presidente y la Vicepresidenta, sin embargo, atraviesa uno de sus momentos más tensos. Villarruel respondió a las críticas de Bullrich al compartir en redes una foto de la ministra con Néstor Kirchner, intensificando una disputa que ya no parece tener retorno.
En este escenario de tensión política e incertidumbre institucional, los gobernadores buscan capitalizar el desgaste del Ejecutivo y forzar la reapertura de canales de negociación. Mientras tanto, el Gobierno intenta resistir y apostar todo a un buen resultado electoral en octubre, que le permita recomponer fuerzas y consolidar su programa de ajuste fiscal, el eje central del proyecto libertario.
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