El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump implementó una nueva medida migratoria que prohíbe conceder audiencias de fianza a inmigrantes indocumentados detenidos, obligándolos a permanecer en prisión mientras se resuelve su proceso de deportación. La decisión, que podría afectar a millones de personas, fue revelada por The Washington Post.

El cambio fue formalizado a través de un memorándum interno fechado el 8 de julio, firmado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons. En el documento se establece que los inmigrantes sin papeles “deben ser mantenidos bajo custodia durante todo el procedimiento de remoción del país”.

Hasta ahora, los detenidos tenían derecho a solicitar una audiencia ante un juez de inmigración para obtener su liberación bajo fianza. Sin embargo, con esta nueva directiva, esa posibilidad queda restringida, y solo podrá ser concedida —en casos excepcionales— por decisión de un oficial de inmigración, sin intervención judicial.

Esta política implica que los migrantes arrestados podrían permanecer privados de su libertad durante meses o incluso años, debido a la lentitud de los procesos administrativos de deportación.

Actualmente, ICE detiene en promedio a 56.000 personas por día, y el objetivo del gobierno de Trump es alcanzar un millón de deportaciones durante el primer año de su mandato.

La decisión ya genera fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre las condiciones de detención y la falta de garantías legales para quienes enfrentan procesos migratorios sin representación adecuada ni revisión judicial.