En una intervención clave para los intereses argentinos en el litigio internacional más costoso de su historia, el Gobierno de Estados Unidos anunció que respaldará formalmente al país en la apelación del fallo por la expropiación de YPF. Lo hará mediante la figura de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), bajo la administración del presidente Donald Trump, presentará en los próximos días un escrito con argumentos jurídicos que apoyan la posición argentina, en un intento por frenar la ejecución de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska. Dicha resolución obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que aún mantiene en YPF al fondo demandante Burford Capital, además de afrontar una indemnización de más de 16.000 millones de dólares.

El respaldo de Washington no se extendería —al menos por ahora— al cuestionamiento del monto económico del fallo, pero sí constituye una señal política contundente en favor de la soberanía argentina sobre sus activos estratégicos. El objetivo inmediato del escrito sería lograr la suspensión de la entrega de acciones mientras se resuelve la apelación.

El origen del conflicto

El juicio se inició a raíz de la expropiación del 51% de YPF en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital adquirió los derechos de litigio de dos empresas del Grupo Petersen —que había sido accionista de YPF— y demandó a la Argentina en los tribunales estadounidenses, alegando que no se cumplió con el estatuto de la empresa, que exigía una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino, estableciendo una indemnización superior a los USD 16.000 millones y admitiendo la posibilidad de ejecución sobre el paquete accionario de YPF.

Un respaldo con antecedentes

No es la primera vez que Estados Unidos actúa como amicus curiae en favor de la Argentina en este caso. En 2023, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia también intervino en forma similar para evitar que avanzaran medidas cautelares contra los activos del país.

Ahora, bajo la gestión republicana de Donald Trump, el DOJ retoma la postura de defensa parcial, enfocándose en evitar que se ejecute el traspaso accionario mientras la justicia estadounidense define la apelación presentada por la defensa argentina.

Expectativas en el Gobierno argentino

Desde el entorno del presidente Javier Milei y el equipo jurídico del Estado consideran el respaldo como una victoria diplomática significativa. Si bien no anula el fallo económico, estiman que puede dar margen de maniobra para continuar litigando y buscar una resolución más favorable o un eventual acuerdo.

Expertos en litigios internacionales, como Sebastián Maril (Latam Advisors), interpretan la movida como una acción táctica de alto impacto: “La intervención del Gobierno de EE.UU. apunta a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de Preska mientras se resuelve la apelación”, sostuvo el analista en redes sociales.

El caso YPF continúa siendo un frente judicial, económico y diplomático de gran sensibilidad, tanto por sus implicancias financieras como por su relevancia simbólica en torno a la soberanía energética del país.