Unión por la Patria impulsa la derogación de los DNU de Milei sobre las fuerzas de seguridad

El bloque opositor de Unión por la Patria (UxP) anunció que buscará derogar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Milei que reestructuraron a las fuerzas federales de seguridad. La bancada quiere llevar el tema al Congreso, al considerar que los cambios exceden las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y representan una extralimitación institucional.

El diputado José Glinski, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, fue quien confirmó la iniciativa. También se sumaron los legisladores Leopoldo Moreau, Juan Marino, Carolina Gaillard, Germán Martínez y el senador Oscar Parrilli.

Los decretos objetados por UxP son los DNU 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025, que modifican el funcionamiento y estructura de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estas normativas fueron firmadas a pocos días del vencimiento de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo mediante la Ley Bases, aunque sin incluir expresamente al área de Seguridad.

Críticas al procedimiento y falta de debate

“Nos hubiese gustado trabajar estos temas en el Congreso, en las comisiones. Estas reformas exceden lo expresado por los legisladores. Son ilegales y hay una extralimitación del Ejecutivo”, advirtió Glinski durante la última reunión de la Comisión Bicameral. El legislador subrayó que la Ley Bases había excluido la emergencia en Seguridad, por lo que no habilitaba este tipo de modificaciones unilaterales.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la constitucionalidad y necesidad de los decretos. Diego Freitas Ortiz de Rozas, director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad, y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera, respaldaron los cambios al asegurar que responden a una necesidad urgente de modernización y mayor eficiencia operativa en las fuerzas.

Por su parte, el diputado oficialista Santiago Pauli (La Libertad Avanza) dijo que las reformas continuarán su curso y recordó que “existen mecanismos institucionales” para que la oposición manifieste su desacuerdo, como la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Clima tenso en el Congreso

En paralelo, el jefe del bloque UxP, Germán Martínez, denunció las dificultades para sesionar debido al cerco de seguridad dispuesto alrededor del Congreso, lo que —según afirmó— limita el acceso de los legisladores y de la ciudadanía. “El Congreso está militarizado”, advirtió, y agregó que los decretos dejan a las fuerzas de seguridad en una “debilidad jurídica constitucional”.

El senador Martín Goerling Lara (PRO), presidente de la Comisión Bicameral, reconoció que la convocatoria buscó justamente despejar dudas ante decretos que, según dijo, “fueron sorpresivos y sin difusión previa”.

Los decretos en cuestión

Firmados el pasado 8 de julio, los decretos modifican la estructura y funciones de la Gendarmería, la Prefectura, la PSA y el SPF, además de establecer una nueva normativa para la Policía Federal. La ministra Patricia Bullrich defendió públicamente las reformas, señalando que se trataba de una medida que “nadie se había animado a tomar en 50 años” y que apuntaba a delimitar con claridad las funciones de cada fuerza.

Camino legislativo pendiente

Según la Ley 26.122, los DNU deben ser tratados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en un plazo de 10 días hábiles desde su ingreso. En caso de no emitirse dictamen, el decreto puede pasar directamente al recinto para su tratamiento inmediato.

Es lo que busca ahora Unión por la Patria: llevar al pleno, tras el receso legislativo de agosto, el DNU que reformó la estructura de la Policía Federal, que ya cumplió con los plazos reglamentarios en comisión y está en condiciones de ser debatido en el recinto.

Mientras tanto, continúa la tensión política en torno a los decretos del Ejecutivo y el alcance real de las facultades otorgadas por el Congreso al presidente Milei, especialmente en áreas sensibles como la seguridad interior.

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