En una intervención clave para los intereses argentinos, el Gobierno de Estados Unidos se presentó este viernes ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para respaldar la solicitud de la Argentina de suspender la ejecución del fallo por la expropiación de YPF. El respaldo fue formalizado mediante la presentación de un “amicus curiae” del Departamento de Justicia norteamericano, que busca evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes.

La medida se da luego de que la jueza del distrito Loretta Preska ordenara el traspaso de las acciones como parte de una sentencia que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones a Burford Capital, el fondo litigante que compró los derechos del juicio.

En su presentación, el Departamento de Justicia planteó que el caso tiene “implicancias significativas para la política exterior de los Estados Unidos” y que una ejecución forzosa sobre bienes estatales podría sentar un precedente negativo para los intereses estadounidenses en cortes extranjeras.

El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, identificó seis puntos clave en la posición del gobierno norteamericano:

1. Interés estratégico: Estados Unidos expresó un interés sustancial en las cuestiones planteadas por la apelación, ya que involucran aspectos de política exterior, relaciones internacionales y la correcta interpretación del derecho internacional.
2. Respaldo formal: La presentación del “amicus curiae” respalda expresamente la solicitud de suspensión hecha por la Argentina, buscando una resolución ordenada del caso en la instancia de apelación.
3. Inmunidad soberana: Se reafirma que los bienes de estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta frente a la ejecución, de acuerdo a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA).
4. Bienes en el extranjero: El gobierno estadounidense señaló que no existen fundamentos legales para suponer que el Congreso haya autorizado excepciones a la FSIA que permitan ejecutar sentencias sobre bienes ubicados fuera de los Estados Unidos.
5. Riesgo de daño irreparable: Argentina advirtió que, si cumple con la orden judicial y transfiere las acciones de YPF, perdería el control sobre un activo estratégico, aun en caso de ganar la apelación.
6. Falta de perjuicio para los demandantes: El escrito remarca que una suspensión no causaría perjuicios sustanciales a los acreedores, ya que Argentina mantiene la titularidad de las acciones y no puede disponer de ellas sin autorización legislativa.

Con esta intervención, la administración de Joe Biden se alinea momentáneamente con la posición argentina en uno de los litigios más costosos de su historia. Ahora, la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá decidir si concede la suspensión de la ejecución mientras continúa el proceso de apelación.