El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentará nuevas medidas cautelares ordenadas por el Supremo Tribunal Federal en el marco de la causa que investiga su participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, ocurrido pocos días después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien dispuso que Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica, abstenerse de usar redes sociales y no podrá mantener contacto con otros imputados ni con diplomáticos extranjeros. El documento judicial advierte que, en caso de incumplimiento, el exmandatario podría ser arrestado preventivamente.

Estas nuevas restricciones endurecen las condiciones legales sobre Bolsonaro, quien ya fue inhabilitado políticamente hasta el año 2030 debido a su rol en los ataques contra las instituciones democráticas que sacudieron Brasilia en enero del año pasado.

La medida responde a un pedido de la Policía Federal, que presentó nuevas pruebas donde se sostiene que Bolsonaro habría sido el principal articulador de un plan para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Según los investigadores, el exmandatario participó en reuniones en las que se barajaba la posibilidad de una intervención militar para revertir el triunfo de Lula.

El informe también detalla vínculos entre Bolsonaro, altos mandos militares y exfuncionarios de su gobierno, todos bajo sospecha por conspirar contra el orden democrático.

Desde el entorno del expresidente rechazaron las acusaciones y calificaron la causa como una persecución política. No obstante, el avance judicial compromete cada vez más el futuro legal de Bolsonaro, quien además enfrenta otras causas por abuso de poder, desinformación y malversación de fondos públicos durante la pandemia.