La justicia de Estados Unidos entra en una semana decisiva para el futuro de YPF y del Estado argentino, con una posible resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que podría definir si el país debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, el fondo demandante que ganó en primera instancia un juicio por USD 16.100 millones.

Este nuevo capítulo del extenso litigio internacional —originado por la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— se centra en una apelación clave. Aunque la cuestión de fondo aún se encuentra bajo análisis y podría resolverse recién en 2026, en las próximas horas la Cámara decidirá si mantiene la orden de la jueza Loretta Preska, quien habilitó el embargo de acciones como garantía de pago a favor de Burford.

Tres posibles escenarios

Según el analista Sebastián Maril, experto en litigios financieros, hay tres escenarios probables:

1. La Corte acepta la apelación de Argentina sin exigir la entrega inmediata de las acciones, pero devuelve el caso a la jueza Preska para que determine otra forma de garantía.
2. La Corte rechaza el pedido argentino y obliga al país a entregar las acciones de YPF como parte del cumplimiento del fallo.
3. La Corte suspende el fallo de Preska y permite continuar la apelación sin necesidad de entregar las acciones.

Cualquiera de estas resoluciones podría incluir el compromiso de la Corte de Apelaciones de acelerar tanto la apelación sobre la entrega de acciones como la del fallo principal, que con intereses ya supera los USD 17.500 millones.

Riesgo de desacato y consecuencias económicas

En caso de que la Justicia estadounidense ordene entregar las acciones y Argentina se niegue —como anticipan expertos y funcionarios—, el país podría ser declarado en desacato. Esto agravaría su ya compleja situación externa, complicaría el acceso a los mercados internacionales de crédito y deterioraría aún más su imagen ante potenciales inversores, un aspecto que el gobierno de Javier Milei intenta recomponer.

El rol de EE.UU. y las garantías

En un hecho relevante, el gobierno de Estados Unidos se presentó la semana pasada como amicus curiae (amigo del tribunal) en respaldo de Argentina. El Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones que suspenda la entrega de acciones hasta que se resuelva la apelación principal, remarcando la importancia del respeto al principio de inmunidad soberana extranjera consagrado en la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976.

Este respaldo es interpretado como un intento de evitar un precedente judicial que pueda afectar la reciprocidad legal de EE.UU. en tribunales de otros países.

Por su parte, Burford, que adquirió los derechos para litigar de antiguos accionistas minoritarios de YPF, también se mostró dispuesto a aceptar garantías alternativas, aunque exigió que se impongan condiciones estrictas a la Argentina, a la que acusan de maniobras dilatorias. La propia jueza Preska ha coincidido con esa visión en fallos anteriores.

Crisis interna en la Procuración del Tesoro

El juicio avanza en paralelo con un escándalo en el organismo estatal encargado de la defensa legal del país. La Procuración del Tesoro —dirigida por Rodolfo Barra— enfrenta una purga interna con al menos 60 despidos de funcionarios, varios bajo sospecha de haber filtrado información clave al equipo legal de Burford. Pese a esta crisis, el Gobierno argentino insiste en que no negociará con el fondo litigante y que llevará el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.

La tensión legal y política en torno al caso YPF promete escalar en los próximos días, con consecuencias directas sobre la soberanía energética, la credibilidad internacional del país y su futuro financiero.